El DNU y la Ley Ómnibus promovidos por el actual Gobierno Argentino implican menos legislación y controles ambientales, que se traducen en menos protección de la biodiversidad y recursos naturales.
El Decreto de Necesidad y Urgencia que entró en vigencia el pasado 1 de Enero atenta directamente contra los valores básicos de la democracia y la división de poderes.
Tanto constitucionalistas, como diversos actores de la sociedad tales como sindicatos, organismos y ONGs ya plantearon recursos en la justicia argentina para frenar la implementación de este DNU con el que pretende gobernar el presidente Javier Milei.
El decreto intenta modificar leyes laborales, económicas, comerciales, civiles y ambientales, entre otras.
De insuficiente a Inexistente
En materia ambiental, el proyecto pretende reformar las leyes de presupuestos mínimos ambientales, la Ley de Bosques Nativos y La Ley de Glaciares y también otras normas con importantes implicancias ambientales como la Ley de Quema y la de Pesca.
Lo que es a todas luces insuficiente en nuestro país en materia de protección ambiental, el DNU busca hacerlo inexistente.
Ley de Bosques
En el caso de la Ley de Bosques, actualmente la protección incluye a los árboles, las plantas y animales que habitan en los bosques, el suelo, subsuelo y atmósfera, con su clima y aguas propias. Y establece categorías de bosques:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Son los que deben permanecer como bosques para siempre.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación. Se trata de zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y ser usados para: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
Ley de Glaciares
La Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar.
Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca: “preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos como atractivo turístico”.
La ley restringe todas aquellas actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, entre ellas: la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias.
Ley de Quema
La llamada “Ley de Quema” por su parte. busca “prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas”.
Los episodios reiterados de quema de territorios en la zona del Delta del Rio de la Plata devino en la formulación de una nueva ley específica para los humedales, que todavía está esperando que el Congreso Nacional la sancione.
Justicia Ambiental es Justicia Social
La reducción de la legislación ambiental tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple disminución de reglas y regulaciones.
Se traduce en un impacto directo en la protección del medio ambiente, erosionando las barreras que existen para preservar nuestros recursos naturales y mitigar el daño causado por actividades humanas.
Cuando se reduce la legislación ambiental, se abre la puerta a una mayor explotación de los recursos naturales sin salvaguardias adecuadas. Esto puede conducir a la sobreexplotación de bosques, la contaminación de cuerpos de agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad.
La ausencia de reglamentaciones estrictas permite que las empresas actúen sin restricciones, priorizando sus intereses económicos a corto plazo sobre la preservación a largo plazo del entorno.
Esta disminución no solo afecta al medio ambiente, sino que también tiene un impacto significativo en la justicia ambiental y social. Las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la falta de regulaciones ambientales sólidas.
La contaminación del aire y del agua, la ubicación de vertederos tóxicos o instalaciones industriales en áreas de bajos ingresos, contribuye a una distribución desigual de los impactos ambientales negativos.
¿Qué es la Justicia Ambiental?
La justicia ambiental implica que todas las personas, sin importar su origen o condición socioeconómica, tengan el derecho a un medio ambiente seguro y saludable.
La reducción de la legislación ambiental socava este principio fundamental, perpetuando la disparidad en la exposición a riesgos entre diferentes grupos de la sociedad.
Asimismo, la conexión entre la legislación ambiental y la justicia social es innegable. La protección del medio ambiente está estrechamente ligada a la igualdad de oportunidades, la equidad y el acceso a recursos básicos.
La falta de regulaciones ambientales sólidas exacerba las desigualdades, aumenta la brecha entre aquéllos que tienen los medios para protegerse de los impactos ambientales y aquéllos que no.
En resumen, menos legislación ambiental no solo significa una menor protección para el medio ambiente, sino que también es menos justicia ambiental y social.
Es fundamental reconocer la importancia de marcos legales sólidos y su impacto en la preservación de nuestro entorno natural y en la garantía de un trato equitativo para todas las personas en relación con los riesgos ambientales.
Sin libertad de expresión, no hay democracia
La libertad de expresión es un pilar de la democracia. El DNU y la Ley Ómnibus del Gobierno Argentino también buscan restringir derechos básicos para manifestarse, protestar y expresar opiniones diversas, atentando contra la democracia.
Respetar la división de poderes no es tan difícil.
El poder Legislativo hace las Leyes, el poder Ejecutivo ejecuta las Leyes, el poder Judicial interpreta las Leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias.
El DNU y la Ley Ómnibus que intenta aplicar el Gobierno de Javier Milei, van en sentido contrario a las prácticas democráticas.