Introducción
La discusión sobre el rediseño de la arquitectura financiera internacional avanza y se profundiza en un contexto de crisis global. Si bien no hay certeza aún sobre cuáles serán los principios y mecanismos de la nueva economía, existe un amplio consenso en torno a la renovada relevancia que tendrán la agenda ambiental y el uso de nuevas tecnologías. En ese marco, en un mundo que demanda alimentos, energías y servicios ambientales, Latinoamérica tiene condiciones extraordinarias para desempeñar un rol en la discusión sobre el nuevo modelo económico global.
Los signos de agotamiento del modelo actual nos presentan la conveniencia de interrogarnos sobre el modo en que estamos haciendo las cosas y cómo prepararnos para enfrentar lo que viene. ¿Cómo se construye y se mide el valor en la sociedad para la nueva economía? ¿Cómo podemos abordar estos desafíos?
El actual sistema económico y sus instituciones fueron diseñados en 1944 en Bretton Woods, para recuperar la economía luego de la segunda guerra mundial. Las instituciones y organismos creados en esa instancia responden a una situación geopolítica y ambiental absolutamente distinta a la actual. La ineficiencia del actual esquema económico y de los organismos multilaterales se debe, principalmente, a que no han sido concebidas ni diseñadas para hacer frente a desafíos transnacionales ni multidimensionales como los que presenta el potencial colapso ecológico en un período de tensiones geopolíticas y creciente incertidumbre económica.
Es tiempo de una profunda discusión que asigne adecuadamente el valor a la dignidad humana, al progreso, a la resiliencia de las comunidades y a la calidad ambiental como las bases mismas de la economía. No desde una perspectiva de responsabilidad estética superficial, sino desde la conveniencia de reconsiderar el valor que se genera en la economía real a partir de contar con un ambiente sano, un clima estable y una sociedad que progresa. Si nosotros mismos somos ambiente, no hay posibilidad de progreso humano en un proceso de destrucción ambiental. Y el abordaje tradicional resulta insuficiente para los desafíos que debemos enfrentar.
La naturaleza del valor y el valor de la naturaleza
En este marco, se hace conveniente y necesaria una nueva consideración sobre el valor de la naturaleza, artificialmente considerada como una externalidad económica en lugar de la base misma de la vida y por lo tanto de la economía.
En el año 2020 el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el informe “Aumento del riesgo de la naturaleza: crisis ambiental e importancia para las empresas y la economía”, el cual estima que aproximadamente, USD$44 billones de valor económico, más de la mitad del PBI mundial, se encuentra en riesgo moderado o grave debido a la pérdida de la naturaleza, por lo que grandes sectores como la agricultura, la alimentación y la construcción dependen en gran medida de la naturaleza para la resiliencia futura. A partir de entonces, el pensamiento económico y las instituciones financieras comenzaron a desarrollar un abordaje económico sobre la degradación ambiental considerándola como un factor multiplicador de riesgo en un mundo ya de por sí convulsionado.
Las presiones humanas están socavando la biodiversidad que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua. Los servicios ecosistémicos que brinda la biodiversidad, como la polinización de cultivos, la purificación del agua, la protección contra inundaciones y el secuestro de carbono, son vitales para el bienestar humano. A nivel mundial, se estima que estos servicios tienen un valor estimado de $125-140 billones por año, es decir, más de una vez y media el tamaño del PIB mundial. Sin embargo, no están representados en ninguna ecuación económica visible.
Diversos organismos como el Banco Mundial (BM) pregonan la necesidad de medir y valuar el capital natural (medido como el valor económico que los biomas aportan a la economía) e integrar su medición en el sistema de cuentas nacionales. Desde Estados Unidos hasta Chile, diversos países han creado recientemente sus comités de capital natural para preparar a sus economías ante este nuevo enfoque.
En la Argentina, los estudios recientes dan cuenta de un aporte del orden de los USD$4 billones anuales en flujo de servicios ecosistémicos, sólo considerando la Mesopotamia, parque chaqueño, selva paranaense y yungas, del Norte Grande. Países como Brasil, Argentina, Gabón, República Democrática del Congo, Colombia, entre otros países del sur global, cuentan con vastas selvas tropicales y bosques intactos que brindan servicios ecosistémicos increíblemente importantes para las economías y las sociedades, que incrementan su relevancia ante los efectos de la degradación ambiental. Si hasta ahora “el que contamina, paga”, en adelante “el que cuida, cobra”.
¿Cuánto tenemos y cuánto necesitamos?
Cuando se compara el valor de estos servicios con la deuda soberana de los países que albergan estos bosques, queda claro que resulta conveniente para la humanidad integrar mecanismos de canje de la deuda a cambio de la conservación y restauración de los ecosistemas que brindan esos servicios, así como para financiar acciones de resiliencia, adaptación y mitigación al cambio climático. No solo porque es necesario, sino porque no hacerlo es un muy mal negocio.
La necesidad y escasez está claramente determinada, así como el creciente interés del sector privado por asegurar su aprovisionamiento como forma de preservar el valor de los activos. La plataforma Business for Nature, agrupa a más de 400 empresas con una facturación anual de USD$20 billones (más del 20% del PIB mundial), con el objetivo de presionar a los gobiernos para la mejora de los estándares y regulaciones ambientales como forma de disminuir el riesgo financiero y operativo para sus negocios.
El financiamiento climático y sostenible debe desempeñar un papel fundamental a medida que los mercados emergentes y las economías en desarrollo buscan enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental. Las estimaciones varían, pero estas economías deben invertir colectivamente al menos $1 billón de en infraestructura energética para 2030 y USD$3 billones a USD$6 billones anuales en todos los sectores para 2050. Además, se necesitan otros USD$140 a USD$300 mil millones al año para 2030 para adaptarse a las consecuencias físicas del cambio climático, como el aumento del nivel del mar y la intensificación de las sequías. Esto podría aumentar drásticamente a cifras entre USD$520 mil millones y USD$1.75 billones anuales después de 2050, dependiendo de la efectividad de las medidas de mitigación climática según estudios realizados en 2022 por el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el financiamiento climático actual se estima, con una polémica metodología, en alrededor de 653 mil millones de promedio anual en los años 2019 y 2020, con un marcado sesgo a la mitigación.
El financiamiento internacional para la acción climática adquirió mayor relevancia a partir de la COP de Copenhague en 2009, con el compromiso de los países desarrollados de movilizar conjuntamente USD$100 mil millones anuales para el año 2020 a fin de hacer frente a las necesidades de los países en desarrollo. Esta meta fue incumplida y no se han dispuesto los recursos ni los mecanismos financieros necesarios.
Se destacan las deficiencias en la calidad y composición de los flujos de financiamiento climático internacional: la falta de donaciones, la falta de financiamiento para la adaptación al cambio climático, la falta de mecanismos e instrumentos adecuados para los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo, y los obstáculos para el acceso rápido de estos países a los recursos disponibles.
En su artículo 9.4, el Acuerdo de París reafirma que la provisión de los recursos financieros debería pretender un equilibrio entre la adaptación y la mitigación. Dicho compromiso no ha sido alcanzado para el año 2020, donde casi dos tercios del financiamiento climático total proporcionado y movilizado por los países desarrollados fue dirigido a la mitigación del cambio climático. Asimismo, se estima que los costos de adaptación en países en desarrollo son entre cinco y diez veces mayores a los flujos de financiamiento climático internacional de fuentes públicas recibidos.
¿Quo vadis? Innovación financiera para la sostenibilidad
El progreso en las políticas climáticas, así como en la resolución de la deuda y otras cuestiones globales, requerirán de un multilateralismo fortalecido y enfocado para lograr el progreso para todos. Para ello, las instituciones y mecanismos disponibles resultan insuficientes, por lo que resulta conveniente impulsar un análisis que permita explorar más allá de las fronteras de lo conocido a partir de la innovación.
A su vez se debe tener especial consideración que debido a la multidimensionalidad de la problemática ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad, escasez de recursos naturales estratégicos y contaminación) el enfoque sesgado del mercado de carbono resulta débil e insuficiente.
Los mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos para fomentar el desarrollo de proyectos bajo el enfoque de soluciones basadas en naturaleza e internalizar los beneficios generados por su conservación, pueden significar una evolución natural del mercado, integrando las distintas dimensiones de manera clara y transparente, permitiendo visibilizar la situación de nuestros países como acreedores ambientales y habilitar mecanismos especiales específicamente alocados para proteger la biodiversidad, asegurar la provisión de servicios ecosistémicos, fortalecer la resiliencia y crear bienes públicos globales que contribuirán a reducir el riesgos sistémico global, siempre enfocados en el progreso humano como objetivo central.
Es necesario pensar nuevos instrumentos para una nueva arquitectura financiera orientada al desarrollo sostenible.
Es económicamente conveniente promover el diseño de mecanismos e instrumentos financieros que contemplen un cambio de paradigma en el financiamiento a partir de nuevos enfoques y herramientas. Esta nueva arquitectura debe ser justa, transparente, equitativa, basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que reconozca y asegure la previsibilidad y disponibilidad de recursos financieros suficientes para satisfacer las necesidades y desafíos identificados por los países en desarrollo, integrando el abordaje a los tradicionales problemas del desarrollo (inequidad, concentración de capital, estabilidad económica) a la agenda ambiental desde un abordaje integral.
Al respecto, se aportan algunas ideas que conviene considerar:
- Los instrumentos de financiación innovadores pueden ayudar a superar los desafíos que surgen a partir de la crisis ambiental, además de ampliar la base de inversores para incluir bancos globales, fondos de inversión, inversores institucionales como compañías de seguros, inversores de impacto, capital filantrópico y otros. Las nuevas tecnologías como blockchain pueden permitir un esquema de microfinanzas en donde los habitantes del planeta seamos microinversores de proyectos de desarrollo sostenible, medibles, trazables y transparentes. ¿Acaso el lector sabe en que se destinan los ahorros que tiene en el banco?
- Necesitamos un diálogo urgente orientado al desarrollo de instrumentos económicos y financieros que faciliten y viabilicen el flujo de capital hacia sectores de alto impacto que contribuyan a la acción concreta. Debemos asegurar que estos instrumentos corrijan externalidades negativas del cambio climático y desincentivan asignaciones presupuestarias e inversiones no alineadas con los objetivos para el desarrollo sostenible.
- Intensificar el diálogo y la cooperación con el sector privado para aumentar sus índices de movilización de financiamiento. Aquí resulta importante trabajar en la preparación de proyectos y el apoyo a reformas que generen nuevos esquemas de negocios que hagan atractiva la inversión privada.
- La transformación digital ofrece una oportunidad única para avanzar en los objetivos globales. Los activos digitales presentan oportunidades potenciales para reforzar la posición de Latinoamérica en el sistema financiero global, y permanecer en la frontera tecnológica. La región tiene la oportunidad de impulsar una discusión sobre cómo garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales para abordar los riesgos y aprovechar los beneficios potenciales de estos instrumentos y su tecnología subyacente, abordando adecuadamente la prevención del lavado de dinero, la protección del consumidor, la responsabilidad empresarial y el impacto ambiental asociado a la tecnología, abriendo oportunidades para novedosos mecanismos financieros. El 2022, el mercado de carbono movilizó USD$1.8 billones, mientras que el mercado de los TNF (Tokens No Fungibles), USD$42 billones. ¿Y qué pasaría si unimos estos mundos?
- Respecto a la participación de la región en los mercados de carbono, es necesario evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de incursionar en transacciones asociadas al comercio de emisiones, sean estos en el marco de la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París o en otros esquemas de mercado. Asimismo, cada país deberá evaluar la conveniencia de desarrollar un sistema de comercio de emisiones interno, y las medidas necesarias para su implementación, con miras al cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional.
- La emisión de bonos soberanos sujetos a cláusulas de reducción de tasas de interés por cumplimiento de hitos climáticos son parte de una nueva generación de instrumentos financieros de vanguardia. El caso de Uruguay es destacable: colocó a fines de 2022 un bono soberano por USD$1.500 millones para acciones climáticas, con una cláusula Step Down (reducción de tasa a partir del cumplimiento de su CDN). Tuvo una demanda que casi triplicó la oferta y significó una señal concreta de cómo el mercado valora las acciones gubernamentales por el cuidado ambiental.
- Los mecanismos de canje de deuda por naturaleza y por acción climática presentados por la Argentina en la COP 27 ya son una realidad en la discusión global. Altos niveles de endeudamiento limitan la capacidad de los países para financiar la acción climática y avanzar hacia una trayectoria del nivel de emisiones alineada con las metas del acuerdo de París. Uno de los mayores problemas a la hora de conducir un proceso de reestructuración de deuda son las asimetrías entre los deudores y los acreedores, la cuales repercuten en todo el proceso de reestructuración y tienen consecuencias a largo plazo para los países. Para abordar este problema, es necesario proveer a los deudores de más herramientas para negociar con los acreedores, de modo de garantizar reestructuraciones más eficientes, predecibles, equitativas y sostenibles. La iniciativa Bridgetown impulsada por Barbados y apoyada por diversos organismos internacionales va en este sentido y aumenta en relevancia. El propio FMI ha emitido documentos al respecto y diversas discusiones están teniendo lugar para su implementación concreta. Los casos de Belice y Cabo Verde son experiencias que conviene atender.
Es tiempo de creatividad, valor y sensatez para abordar mediante un diálogo honesto los incómodos debates en torno a los dilemas de la sostenibilidad. Los desafíos son múltiples, pero también las nuevas herramientas y la creciente nueva conciencia sobre la necesidad de dar valor a lo que nos permite la vida en el planeta. Para aprovechar estas oportunidades es necesario impulsar un debate sobre nuestros modelos de desarrollo, las potencialidades de nuestro país y la región, pero sobre todo, repensar a qué le estamos asignando valor y qué es lo que realmente lo tiene.
Autor: Rodrigo Rodríguez Tornquist
Docente (UNSAM-UCA-ITBA- Austral), director de Estrategia y Alianzas de la Asociación Sustentar. Ex-secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación (2020-2021) y ex-Subsecretario de Asuntos Estratégicos de la Nación (2022).
Este capítulo forma parte del Informe Anual de Cambio Climático 2023, oportunidad para América Latina co-desarrollado entre Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (Argentina) y la ONG Uno.Cinco (Chile). Para descargar el informe completo seguí este link: https://bit.ly/InformeAnualCambioClimatico2023