La protección del océano es vital para la vida humana: nos entregan múltiples servicios ecosistémicos, entre los que encontramos una fuente importante de alimentos y de gran parte del oxígeno que respiramos. Además, nos protege contra eventos climáticos extremos y actúa como sumidero de carbono, disminuyendo la temperatura superficial de la atmósfera y aportando en la regulación del clima global.
En el escenario del cambio climático, nos enfrentamos a un aumento radical de la temperatura superficial del mar, al derretimiento de capas de hielo, al aumento del nivel del mar y su acidificación, sumado a pérdidas de biodiversidad por contaminación, degradación de hábitat y la sobreexplotación de recursos,. Bajo estas circunstancias, la protección de los océanos y los beneficios asociados a los servicios ecosistémicos se han visto altamente amenazados.
Acuerdo de Alta mar: un primer paso
Recientemente a nivel internacional los países, incluidas las nacionales latinoamericanas, acordaron aprobar un acuerdo de altamar que, si bien aún requiere de mucho trabajo, es un esperado gran primer paso. En el marco de este tratado se permitirá la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) ubicadas en alta mar, permitiendo proteger y conservar la biodiversidad marina ubicada en esta zona, ayudando a alcanzar la meta del 30×30.
La creación de áreas protegidas se ha utilizado ampliamente como una herramienta para proteger los ecosistemas que nos entregan beneficios y, de alguna manera, mitigar los impactos del cambio climático. Las AMPs comprenden desde pequeñas zonas, para la protección de especies amenazadas, hábitats únicos, o un sitio de interés cultural o histórico, hasta reservas y parques de gran tamaño con propósitos de conservación, económicos y sociales que incluyan distintos niveles y tipos de protección.
A su vez, la implementación de áreas protegidas trae consigo beneficios económicos asociados al turismo y recreación, y al aumento de la productividad en pesquerías . El correcto establecimiento y manejo de AMPs aporta, en gran medida, a la construcción de la resiliencia del océano . Lo anterior en términos de adaptación local, lo que trae consigo beneficios ecológicos gracias a la protección de la biodiversidad, y al aumento de la productividad en las zonas protegidas . Esto contribuye, finalmente, a la conservación y mantenimiento de los sistemas biológicos marinos a nivel global. Así, la creación e implementación de áreas protegidas es un gran paso para la protección y mantención de hábitats biológicamente ricos y complejos.
Sin embargo, existen algunas brechas financieras, operacionales y de manejo que impiden que las AMPs cumplan con su propósito. Se calcula un déficit financiero que corresponde al 98,3% del costo total necesario para un correcto funcionamiento y manejo de las AMPs existentes . Esta misma brecha impide la creación e implementación de planes de manejo apropiados, que velen por el cumplimiento de las normativas que permitan alcanzar los objetivos de un área protegida.
Por ejemplo, asignar presupuesto para la fiscalización de las AMPs, en conjunto con otras medidas administrativas, permitiría un correcto control de la pesca ilegal. Por esto, es clave que los países latinoamericanos reciban financiamiento para la correcta creación, implementación y monitoreo de las áreas protegidas.
A su vez, es importante enfocarse en las zonas costeras y no solo en altamar. Debemos considerar que la mayor parte de la riqueza marina se encuentra cercana a las costas, por lo que la protección real necesariamente debe incluir el aumento en la conservación de zonas costeras.
El caso de Chile
Por ejemplo, en Chile se reconocen ecorregiones marinas, entre las que se encuentran la zona de islas oceánicas (archipiélago de Juan Fernández, Islas Desventuradas y Rapa Nui), y la zona de Chile continental, subdividida en las ecorregiones del norte, centro, araucana, chiloense y magallánica .
Respecto a estas últimas, existe una subrepresentación de las áreas marinas protegidas en el territorio continental . Esto es un problema ya que las zonas costeras del continente comprenden sistemas complejos, en los que convergen procesos físicos, químicos y biológicos que mantienen su equilibrio y productividad.
Particularmente, frente a la costa de ese país se concentran zonas de surgencia o de alta productividad biológica debido a la presencia del sistema de corrientes de Humboldt, uno de los ecosistemas más productivos del mundo .
A pesar de lo anterior, la mayoría de las áreas protegidas en Chile se encuentran en territorio insular. Un 91% del total de las áreas protegidas se encuentran en el océano, mientras que un 9% corresponde a la protección de zonas costeras continentales. Estas corresponden, respectivamente, a un 39,7% y a un 4% de la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Por su parte, la región con la mayor representatividad de protección corresponde a la Región de Valparaíso.
Si bien las zonas insulares oceánicas protegidas son ricas en biodiversidad y altas en endemismo, estas carecen de la importancia pesquera que encontramos en la costa continental. Las zonas costeras no sólo son altamente productivas y, por lo tanto, ricas en zonas de captura de peces y recursos bentónicos, sino que también albergan áreas importantes para su reproducción, reclutamiento y crecimiento.
Adicionalmente, el gradiente latitudinal de condiciones ambientales presentes frente a la costa de Chile hace que las distintas ecorregiones presenten condiciones únicas y, por lo tanto, especies exclusivas de cada región.
Considerando que una gran proporción de las pesquerías en Chile se encuentran sobreexplotadas y agotadas o colapsadas , se debiera considerar la protección del océano en algunas de estas áreas como prioridad para la conservación, de manera que exista mayor control y un adecuado manejo y fiscalización de las actividades extractivas realizadas en estas zonas.
Sin embargo, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica y el mundo, la protección de las zonas costeras es naturalmente más compleja, porque en general, en las costas existen una serie de usos que pueden competir entre sí, y cuyos intereses pueden contraponerse a la conservación. Frente a esto surge la necesidad de establecer un ordenamiento territorial que defina las áreas que, por sus características ambientales, deben ser protegidas.
Por Javiera Calisto
Es directora Jurídica de Campaña, Oceana Chile. Es Licenciada en Derecho de la Universidad Diego Portales. Además de su Magíster, tiene un Diplomado en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Diplomado en Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Valparaíso.
Este capítulo forma parte del Informe Anual de Cambio Climático 2023, oportunidad para América Latina co-desarrollado entre Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (Argentina) y la ONG Uno.Cinco (Chile). Para descargar el informe completo seguí este link: https://bit.ly/InformeAnualCambioClimatico2023