El último Informe sobre la Brecha de Adaptación 2023 preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) enciende luces de advertencia sobre cómo estamos gestionando a nivel global el desafío financiero que implica el cambio climático. Por Alejandra Camara, Ejecutiva con 20+ años de experiencia en cambio climático, finanzas verdes y agricultura. Fundadora de GENESIS, consultora en Cambio Climático y Financiación Sostenible. .
“Financiación y preparación deficientes, la falta de inversiones y planificación en materia de adaptación climática deja el mundo expuesto al peligro”. El último Informe sobre la Brecha de Adaptación 2023 preparado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es contundente: “El déficit de financiación para la adaptación no deja de aumentar y actualmente se sitúa entre 194.000 y 366.000 millones de USD anuales. Las necesidades de financiación para la adaptación son entre 10 y 18 veces mayores que los flujos actuales de financiación pública internacional al respecto, lo que supone al menos un 50% más de lo que se había estimado previamente.”
Reducir este déficit resulta vital y por ello es por lo que entendemos que la participación del sector privado en disminuir esta brecha es indiscutible.
Ya comenzamos a ver políticas internacionales restrictivas relacionadas al cambio climático y al aumento de emisiones, como ser la resolución de la Unión Europea (UE), EUDR Libre de Deforestación, que establece que las empresas deberán certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, después del 31 de diciembre de 2020.
Los productos que cubre son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera. Así como los productos que contengan, se hayan alimentado de, o se hayan fabricado con estas materias primas, como el cuero, el chocolate y los muebles. Europa es uno de los mayores importadores de materias primas vinculadas a la deforestación, incluido el 50% del café mundial y el 60% de todo el cacao.
Estos productos representaron por sí solos más del 25% de la pérdida mundial de cubierta arbórea entre 2001 y 2015. Con un papel tan importante en el mercado, la regulación pretende reducir el impacto de los productos que compran los ciudadanos de la UE en los bosques y las zonas forestales del mundo.
¿Qué es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono?
Otra de las medidas tomadas por la UE, es el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM) que entró en vigor en octubre de 2023.
Es un instrumento para poner un precio al carbono emitido durante la producción de mercancías intensivas en carbono que entran en la UE y fomentar una producción industrial más limpia en países no pertenecientes a la UE.
A medida que la UE amplía sus propias ambiciones climáticas y mientras prevalezcan políticas climáticas menos estrictas en muchos países no pertenecientes a la Unión, existe el riesgo de que se produzcan las llamadas “fugas de carbono”.
Se produce una fuga de carbono cuando las empresas con sede en la UE trasladan la producción intensiva en carbono a países extranjeros donde se aplican políticas climáticas menos estrictas.
Emisiones de carbono implícitas
Volviendo al CBAM, al confirmar que se ha pagado un precio por las emisiones de carbono implícitas generadas en la producción de determinadas mercancías importadas a la UE, el CBAM garantizará que el precio del carbono de las importaciones sea equivalente al precio del carbono de la producción nacional, y que no se socaven los objetivos climáticos de la UE.
En principio los 6 sectores regulados son: cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. No cabe dudas que estas medidas se irán extendiendo no solo a otros países, sino también a otros sectores.
Está claro que estas nuevas regulaciones internacionales serán una carga adicional a los costos de los productos que estén regulados y seguramente esos costos serán pasados al consumidor final. Podemos entonces visualizar en un futuro cercano, un aumento en sus precios.
Es por ello que, desde que se comenzó a internalizar el precio al carbono en el mundo, fui siempre una defensora de los mercados de carbono en todas sus formas.
¿Cuál es la situación en Argentina?
En Argentina, la eficacia de los mecanismos de precio al carbono es limitada. Aunque contamos con un impuesto al carbono, conocido como “impuesto a la transferencia de combustibles (ITC)”, este no contribuye significativamente a la mitigación y adaptación.
Los fondos recaudados suelen destinarse a financiar infraestructuras viales que mayormente dependen de combustibles fósiles, en lugar de promover acciones más directas para abordar el cambio climático.
Con respecto a los mercados de carbono, siempre hubo (y hay) una fuerte discusión con los sectores más extremos del ambientalismo, ya que dichos sectores están en contra de lo que entienden como la “comercialización del medio ambiente”. Estos sectores, generalmente muy alejados del sistema corporativo, no comprenden la importancia de estos mercados y como juegan en la reducción de emisiones.
Lo primero a saber es que, los gobiernos de los países en general se reúsan a imponer legislación pertinente, no sólo en prohibiciones a la emisión sino también a la información que las empresas suministran con respecto al tema. Dicho lo anterior, sabemos bien lo que pasa entonces dentro del alcance de las empresas: lo que no se pide por regulación, no se realiza, y lo que no se mide, no existe.
En países en vías de desarrollo o en los pobres, esto se agrava ya que bien puede existir la ley, pero no se cumple, ni hay sanciones cuando esto ocurre. Entonces es aquí donde entendemos que un precio al carbono debería ser obligatorio. El precio al carbono es la única forma de internalizar una externalidad.
El valor del Carbono
El precio al carbono puede ser puesto a través de un sistema de créditos de carbono voluntario, un impuesto, o un sistema de comercialización de emisiones. Lo clave es entender cómo funcionan cada unos de estos tres.
El sistema voluntario de créditos de carbono es un mecanismo donde las compañías certifican una reducción de emisiones (toneladas de CO2) a través de un estándar internacionalmente reconocido. El precio estará dado por el tipo de metodología utilizada, región, cantidad, etc. Estos funcionan como un subsidio ya que es un papel, que tiene un valor y que la compañía se lo queda, pudiéndolo monetizar o utilizar para su descarbonización.
El impuesto al carbono, es un impuesto medioambiental sobre la emisión de CO2, que pretende reducir su expulsión a la atmósfera, pero la experiencia nos dice que en vez de limitar la emisión, generalmente es transferido al precio final. Es decir, el impuesto es un precio que los gobiernos le ponen al carbono, pero NO limitan la emisión de CO2, entonces siguen aumentando las emisiones.
El sistema de comercio de emisiones es un sistema a través del cual los gobiernos, empresas, o individuos pueden comprar y vender permisos de emisión o créditos de carbono para compensar sus emisiones de una manera costo efectiva. En este sistema el gobierno SI limita las emisiones, y el mercado pone el precio.
Escudos impositivos
Por otro lado, bien sabemos que los impuestos son temas que dentro de la empresa los maneja un sector generalmente alejado del sistema operativo y productivo. Sólo deben ser eficientes en construir infraestructuras de escudos impositivos (tax shields) que los minimicen.
Por el contrario, los otros dos instrumentos de precios caen sobre el sector financiero de la empresa, mucho más cercano a la operatividad y producción y con una alta probabilidad de aprender y eficientizar la operación reduciendo emisiones.
Para Argentina, abordar los desafíos planteados por las regulaciones internacionales y los mecanismos de financiamiento climático representa una oportunidad única para consolidar ventajas competitivas en la transición hacia una economía más sostenible.
Esto implica fortalecer la resiliencia ante los cambios ambientales especialmente en el agro, implementar políticas climáticas innovadoras para reducir impactos y traccionar fondos privados hacia la adaptación para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo económico y social que ofrece la agenda climática global.
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