El cambio climático ya no es solamente una preocupación ambiental o un riesgo aislado, sino un riesgo financiero que impacta en todo el sistema económico. Por Mariano Spitale, KPMG.
El rol del sector privado en la acción climática es esencial para el logro de los objetivos globales establecidos en los acuerdos. No solo porque es un catalizador de la innovación e impulsa la movilización del capital necesario para la transición, sino porque además la temática está totalmente vinculada a cualquier modelo de negocio actual: el riesgo climático es, desde hace un tiempo, un riesgo empresarial.
En otras palabras, los impactos del cambio climático —tanto físicos como de transición— ya son parte del presente: las empresas de diversos sectores están experimentando pérdidas financieras tangibles debido a interrupciones en sus operaciones y en sus cadenas de suministro.
Bajo esta perspectiva, el riesgo climático es una amenaza concreta a la pérdida significativa del valor, lo cual se ha convertido en una preocupación a nivel de directorio. Y si bien los diversos marcos regulatorios y políticas nacionales están en permanente evolución, el verdadero motor viene del propio sector corporativo y de los inversores.
Acción climática y oportunidades
Es decir, las empresas están integrando estrategias de mitigación y adaptación climática en su planificación financiera y estratégica, no solo para gestionar estos riesgos, sino también para movilizar oportunidades de innovación y crecimiento en una economía baja en carbono. Aunque esta tendencia se presenta en forma heterogénea dependiendo de la geografía y el sector industrial específico, se observa algún grado de avance en esta transición en todos los mercados globales.
Ahora bien, ¿cómo podría lograrse esta transición corporativa a escala y en forma sostenida? En otras palabras, ¿cómo el sector privado puede convertirse en parte de la solución frente a los desafíos climáticos? Una serie de palancas son clave para lograr este cambio sistémico necesario:
- La transformación del modelo de negocio, a través de la redefinición de la creación de valor corporativo en un contexto de descarbonización y adaptación;
- La movilización de financiación climática a escala;
- La alineación entre innovación corporativa, inversión público-privada y políticas públicas de largo plazo.
En relación con la primera palanca, la transformación del modelo de negocio, una transición corporativa efectiva debería estar basada en una doble viabilidad económica y tecnológica. En este sentido, es oportuno la aplicación de un enfoque de tres lentes que ayude a las empresas a focalizar sus esfuerzos, a priorizar acciones y a lograr el compromiso de partes interesadas internas y externas:
- Como primer lente, implementar soluciones que son económica y tecnológicamente viables hoy; y comunicar estos cambios como parte de su transición de corto plazo.
- El segundo lente está vinculado a planificar y prepararse para lo que vendrá: es decir, las empresas identifican soluciones que aún no son económica y tecnológicamente viables, pero lo serán en un futuro cercano. Y al mismo tiempo, evalúan la inversión, el desarrollo de capacidades, las asociaciones y el nivel de soporte externos necesarios.
- Por último, el tercer lente es el diseño del futuro. Las empresas desarrollan estrategias para apoyar soluciones que son actualmente inviables y cuya tecnología es aún incierta, debido a las interdependencias sistémicas y económicas. En este sentido, las estrategias corporativas se relacionan con la colaboración con gobiernos para el desarrollo de políticas; la creación de señales de demanda de tecnologías emergentes; la inversión en innovación climática; y la colaboración con instituciones académicas como apoyo a la innovación y generación de evidencia.
En cuanto a la palanca de movilización de financiación climática, es clara su relevancia. No podrá alcanzarse un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima si no se logra destrabar los flujos de capital en escala y de largo plazo; es decir, la única forma será a través de la incorporación del riesgo climático dentro de la toma de decisiones financieras.
Según diversos estudios e informes globales, los niveles disponibles de capital son actualmente insuficientes frente a las necesidades globales. Particularmente, esta situación se presenta en los mercados emergentes y las economías en desarrollo (tal como lo son los países latinoamericanos) donde incluso el financiamiento para la adaptación es menor en relación con el destinado a la mitigación, lo que deja a los países más vulnerables con recursos limitados para enfrentar riesgos climáticos crecientes.
Inversión corporativa y políticas públicas
Según un estudio realizado por el World Economic Forum (WEF) en colaboración con KPMG, lograr los objetivos climáticos requerirá que los mercados emergentes y las economías en desarrollo movilicen 2,4 billones de dólares por año hacia 2030, incluidos 1 billón en financiamiento externo, la mayor parte proveniente de fuentes privadas, dadas las limitaciones fiscales y los recortes en la financiación para el desarrollo.
Finalmente, la alineación entre innovación corporativa, inversión y políticas públicas es fundamental para que el sector privado impulse la transición de sus modelos de negocio en los distintos mercados globales. En este sentido, la innovación en procesos y productos (reducción de costos por eficiencias, trazabilidad de cadena de valor, entre otros) necesita de un entorno habilitante.
Este entorno habilitante se compone de una combinación de elementos de inversión público-privada tales como capital público, capital privado y los distintos instrumentos de finanzas sostenibles (como bonos, fondos, garantías, créditos fiscales) que alinean el retorno económico con el impacto climático.
Y, además, de políticas públicas que marquen la dirección, reduzcan la incertidumbre y establezcan reglas de juego estables para decisiones de inversión de 10, 20 y 30 años. Sin este marco de largo plazo, las empresas enfrentan señales contradictorias y los inversores perciben riesgos que encarecen o frenan el financiamiento.
Tomando este último aspecto, ¿cómo transformar entonces los compromisos nacionales en planes de inversión concretos? Cuando las políticas y planes públicos son consistentes, transparentes y continuos, el sector privado cuenta con un norte claro para diseñar sus planes de transición.
Se vuelve fundamental la importancia de la colaboración entre el sector público y el sector privado y un elemento clave de aceleración está vinculado al involucramiento de entidades privadas en el desarrollo de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Esta cuestión es esencial para garantizar que los incentivos del sector privado estén plenamente alineados con la visión de desarrollo sostenible y descarbonización del país.
De esta forma, las NDCs se convierten en hojas de ruta para la acción climática de los gobiernos, y a su vez, son herramientas para enviar señales económicas al sector privado sobre las estrategias de descarbonización y respaldar un entorno habilitante que fomente una mayor participación de las entidades privadas.
Mercados de carbono
Por último, el desarrollo de los mercados de carbono regulados y voluntarios es otro elemento clave para la acción climático del sector privado. Particularmente, el Artículo 6 del Acuerdo de París introduce mecanismos de cooperación voluntaria entre países, facilitando la transferencia de créditos de carbono a través de mercados internacionales y otros enfoques de colaboración.
Diseñados para reducir los costos para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, estos mecanismos movilizan financiamiento local e internacional. El sector privado desempeña un papel crucial en este sentido, ya que aporta capital, experiencia y una parte del mercado necesaria para implementar proyectos bajo los mecanismos de mercado de carbono.
Al mismo tiempo, las empresas privadas pueden llevar adelante estrategias de descarbonización para sus propias operaciones, no solo para reducir gastos operativos, sino también para alinearse mejor con las demandas de sus clientes y con las reformas regulatorias impulsadas para avanzar en la descarbonización nacional.
¿Cuál es la situación en la región latinoamericana? ¿Cómo se posiciona el sector privado para impulsar la acción climática? En primer lugar, es importante señalar que las mayores oportunidades regionales de descarbonización se encuentran en los sectores de energía, transporte, AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra) y residuos.
Adicionalmente, la región necesita aumentar su resiliencia frente a los riesgos climáticos, lo cual es, al mismo tiempo, una oportunidad para mejorar su infraestructura e implementar soluciones basadas en la naturaleza. Por otro lado, el aspecto social es clave, debido a las inequidades presentes en los países y la necesidad de permitir una mayor participación ciudadana. Bajo este contexto, en Latinoamérica la colaboración público – privada posee diversos desafíos, particularmente relacionados a la implementación de NDCs, entre los cuales pueden mencionarse3:
- Una fragmentación institucional, incluyendo falta de claridad de responsabilidades sectoriales y solapamiento de funciones.
- La falta de recursos y capacidades, como la escasez de fondeo y experiencia en tecnología.
- Problemas con la calidad de la información y transparencia, tales como la baja de calidad de datos.
- La falta de compromiso de partes interesadas (sector privado, otros ministerios no ambientales)
- Y problemas relacionados con la inestabilidad y los gobiernos, entre los que se encuentran la no continuidad de políticas públicas y complejidades legales.
Estas cuestiones deben solucionarse con el objetivo de mejorar el involucramiento del sector privado. Particularmente, considerando que las empresas de la región latinoamericana son parte de cadenas de valor globales, sometidas a diversas presiones y regulaciones climáticas locales e internacionales, en un contexto polarizado.
Más aun, si se toma en cuenta que varios países de la región se encuentran en proceso de implementación de las nuevas normas internacionales de información financiera denominadas ISSB de Divulgación de Información Financiera relacionada con Sostenibilidad (S1) y Clima (S2), tales como Chile, Brasil y Costa Rica. Estas normas contables impulsan la necesidad de conectar los riesgos ESG, incluyendo los climáticos, con los riesgos financieros. Y divulgar no solamente los niveles de emisiones de carbono, sino también las estrategias y planes de transición.
Conclusiones
Para el sector privado, actor clave en la acción climática, la planificación de la transición no tiene que ver solo con reducir emisiones: se trata de redefinir la creación de valor corporativo en un mundo que debe descarbonizarse y adaptarse, y que enfrenta crecientes riesgos y disrupciones climáticas. Las empresas cuentan con un papel fundamental en impulsar la innovación, la inversión y la alineación de políticas necesarias para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.
En la región latinoamericana, la colaboración público-privada necesita aumentar en cantidad y calidad. Cada vez más, las NDCs deberían ser vistas como estrategias de inversión destinadas a orientar la actividad económica nacional —tanto pública como privada— hacia la acción climática. Lograr el diseño de NDCs “invertibles”, en un contexto de políticas climáticas robustas, será clave para aumentar la acción privada en los próximos años.
