Bajo la era del Acuerdo de París, los mercados de carbono en la región de América Latina tomaron un nuevo impulso; podríamos decir, un nuevo aire. Ya no se trata sólo del mercado voluntario o de discusiones técnicas reservadas a unos pocos especialistas. Por Agustina Cundari.
En la región conviven hoy varios instrumentos: mercados voluntarios, impuestos al carbono con o sin posibilidad de compensación, programas domésticos para medir y reducir la huella de empresas, y un interés en aumento por los mecanismos internacionales del Artículo 6 del Acuerdo de París.
Ese cambio de escenario generó algo más profundo que una simple expansión del debate. Países de la región durante años habían observado estos instrumentos con distancia, comenzaron a evaluar su potencial y utilidad para movilizar inversiones, atraer cooperación internacional, fortalecer capacidades técnicas y acelerar la descarbonización en sectores clave de sus economías. A la vez, se amplió el ecosistema de los actores involucrados: sector privado, gobiernos subnacionales, academia, desarrolladores de proyectos, estándares y organismos de financiamiento.
En la práctica, los mercados de carbono cumplen diversas funciones; para el sector privado, complementan las estrategias de descarbonización para compensar emisiones residuales que no pueden reducirse en el corto plazo. Para los gobiernos, resultan herramientas complementarias dentro de las estrategias climáticas y de financiamiento para alcanzar sus metas climáticas, atraer inversión y promover tecnologías y actividades, aumentando la ambición de sus NDC. Esta doble dimensión “público-privada” explica el renovado interés que despiertan los mercados en América Latina.
La región, además, llega a este momentum con una ventaja estructural: una base importante de proyectos vinculados a la naturaleza, energías renovables, manejo de residuos, captura de metano y otras actividades con alto potencial de mitigación. Pero esa ventaja no garantiza por sí sola el liderazgo; la nueva era de los mercados de carbono premia a los proyectos de alta integridad y con potencial de convergencia en diferentes mercados, como también reglas claras y marcos jurídicos e institucionales públicos confiables y previsibles.
Una región con potencial, pero con exigencias cada vez mayores
América Latina avanza de manera heterogénea, pero sostenida. Los mercados voluntarios están presentes desde hace décadas en la región; la novedad es que comienzan a consolidarse instrumentos mixtos y nuevos instrumentos regulados, como los impuestos al carbono que permiten la compensación con créditos de carbono o los marcos específicos para operar bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París.
La conversación internacional también cambió. El mercado regulado y el mercado voluntario están convergiendo en una exigencia común: la demanda de créditos con mayor calidad e integridad. En otras palabras, ya no alcanza con generar volumen, sino que debe demostrar robustez metodológica, trazabilidad, consistencia regulatoria y cobeneficios verificables (Sylvera, 2025).
Ese giro se refleja en la dinámica del mercado en los últimos años. Aunque se ha observado una baja en los retiros de créditos, los precios mostraron una recuperación. La consolidación de una demanda de la calidad de los créditos de carbono se observa en ciertos tipos de proyectos, especialmente de naturaleza como los ARR (forestación, reforestación y revegetación) y REDD+; el precio comienza a diferenciarse menos por el mero tipo de actividad y más por la confianza que generan el diseño, la gobernanza, las salvaguardas y la capacidad de demostrar resultados medibles y permanentes (Sylvera, 2025).
Para varios países, una forma relativamente simple de impulsar el mercado de carbono en sus territorios fue vincularlo con instrumentos fiscales. La experiencia de países como Colombia y Chile muestra que habilitar la compensación (total o parcial) de un impuesto al carbono con créditos, genera demanda doméstica, dinamiza el desarrollo de proyectos y moviliza financiamiento hacia actividades de reducción y remoción de emisiones priorizadas por el país. Ese tipo de esquemas también ayuda a crear y desarrollar capacidades locales antes de dar el salto a mecanismos internacionales más complejos.
Aunque no todos siguieron ese camino: Perú y Brasil, por ejemplo, avanzaron por rutas distintas y apostaron directamente al Artículo 6; en el caso de Brasil, además, al diseño de un sistema de comercio de emisiones nacional. Mientras que, Argentina y Uruguay, por su parte, cuentan con impuestos al carbono pero sin posibilidad de compensación, lo que limita el efecto catalizador que sí se observó en otros mercados.
El rol estratégico de América Latina en los mercados de carbono
Uno de los grandes atractivos de América Latina se encuentra en su capacidad para albergar proyectos en una multiplicidad de sectores, en particular, vinculados a soluciones basadas en la naturaleza. La región generó casi un cuarto de la totalidad de los créditos mundiales, y en 2023, además, fue la segunda mayor receptora de inversión para el desarrollo de proyectos de carbono, sólo detrás del sudeste asiático, con aproximadamente USD 1.500 millones. Los países que más inversión recibieron fueron Brasil, México y Colombia (IETA, 2025).
Los números de la inversión global también ayudan a entender por qué la naturaleza ocupa un lugar tan central. Entre 2013 y 2023 casi USD 23.000 millones (equivalentes al 54% del total invertido en proyectos de carbono a nivel mundial) se movilizaron hacia proyectos basados en la naturaleza. Más de la mitad de ese monto se movilizó después de 2020. Dentro de ese universo, se destacan los proyectos de restauración y REDD+ (MSCI, 2024).
Sin embargo, la ubicación importa: en los últimos años, se observa que los créditos de naturaleza en Asia duplicaron y, en algunos casos, triplicaron los precios abonados en comparación con los créditos de América Latina. Pero, la explicación no pasa únicamente por el proyecto en sí mismo, sino que los compradores suelen valorar el impacto local que generan como también el riesgo regulatorio, legal o reputacional vinculado. Cuando existen dudas sobre salvaguardas, estabilidad normativa, tenencia de la tierra o generación de cobeneficios sociales y ambientales, esa percepción se traduce en precio (Baldwin, 2025).
Mercados de carbono: qué pasa en Chile, Perú y Brasil
Dentro de la región, Chile, Perú y Brasil están recorriendo caminos distintos pero análogos. No son idénticos entre sí, ni responden a la misma lógica institucional, pero ayudan a entender hacia dónde se mueve América Latina, brindando ejemplos y lecciones aprendidas para el resto de los actores locales.
En ese punto, América Latina enfrenta uno de sus desafíos más relevantes: no basta con tener abundancia de bosques, pastizales, humedales u otros recursos naturales. La competitividad regional depende cada vez más de demostrar una gobernanza robusta, integridad ambiental y previsibilidad.
Chile: paso a paso, de abajo hacia arriba. Chile fue de mayor a menor, utilizando el impuesto al carbono como un gran maestro para las autoridades públicas y los participantes del sector privado. Al que luego sumo la iniciativa “Huella Chile”, un programa voluntario para medir, reducir y eventualmente compensar la huella de carbono, permitiendo construir capacidades, lenguaje común y familiaridad institucional antes de dar los próximos pasos.
Hoy Chile combina esa experiencia previa con un avance concreto en Artículo 6; liderando (junto a Perú) el avance de la región en esta temática, y cuenta con socios como Suiza, Singapur y Japón para el desarrollo de la cooperación bajo el Artículo 6.2. El país ya ha declarado que este instrumento activó inversiones de más de USD 1.000 millones para el desarrollo e implementación de cinco proyectos al 2030 (Ramos, 2026).
Además, ha aprobado la transición de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL del Protocolo de Kioto) al mecanismo del Artículo 6.4 también conocido como PACM. Y se le suma el gran potencial para autorizar créditos bajo el esquema de compensación de la aviación civil internacional, conocido como CORSIA.
Perú: all-in para Artículo 6. Perú nunca tuvo un impuesto al carbono y comenzó a familiarizarse con los mercados de carbono mediante su programa “Huella de Carbono Perú” y estructurar su estrategia alrededor de un registro nacional, RENAMI, como eje de trazabilidad y transparencia.
A partir de esa base, y con la cooperación y coordinación de aliados internacionales y países como Suiza y Singapur, Perú aceleró rápidamente en la implementación del Artículo 6. Junto con Chile, fueron los primeros países de la región en autorizar créditos internacionales: con este primer proyecto, Perú espera reducir 726 mil toneladas de CO₂ al 2030 mediante la instalación de cocinas mejoradas en zonas rurales (Ministerio del Ambiente del Perú, 2026).
Brasil: a tirarse a la pileta se ha dicho. El hermano más grande de la región rompió con todas las tendencias regionales; sin impuesto al carbono y sin promoción de un mercado voluntario, comenzó a trabajar directamente en el armado de su sistema de comercio de emisiones (mercado de carbono nacional regulado) y a vincularse con Artículo 6 (Gobierno de Brasil, 2024).
A fines del 2024 aprobó su ley nacional para crear el mercado regulado nacional más grande y potente de la región y a fines del año 2025 comenzó a vincularse con países como Japón, Singapur y Suiza.
Bonus track – Paraguay: Aunque muchas veces queda fuera de los primeros análisis regionales, Paraguay merece que le prestemos atención. Su avance reciente muestra una combinación de velocidad, orden y claridad institucional. Si logra sostener ese ritmo y cerrar acuerdos con socios sólidos, podría convertirse en uno de los casos más interesantes de la región en materia de preparación para Artículo 6.
Desafíos y oportunidades
América Latina ya no es una región periférica dentro de los mercados de carbono. Con su particularidad propuesta de marcos institucionales, potencialidad en proyectos, e iniciativas, atrae el interés de inversores. Sin embargo, la siguiente etapa no se definirá solo por ese potencial, sino por la capacidad de transformarlo en marcos creíbles, proyectos de alta integridad y decisiones públicas coherentes con las metas climáticas nacionales.
La región enfrenta, al mismo tiempo, una oportunidad y un desafío. La oportunidad consiste en captar financiamiento, escalar soluciones de mitigación y posicionarse como anfitriona relevante en un mercado cada vez más exigente. Mientras que, el desafío consiste en demostrar que puede impulsar (y mantener) reglas claras, previsibilidad técnica, salvaguardas robustas, trazabilidad y consistencia regulatoria. En ese terreno, ya no compiten únicamente los proyectos: compiten también los países, sus instituciones y la confianza que logran generar.
En un contexto donde la integridad pesa cada vez más, América Latina tiene una ventana real para consolidarse como una región estratégica. Pero para aprovecharla deberá combinar ambición climática, pragmatismo regulatorio y una gobernanza capaz de reducir riesgos sin desalentar inversión.
