Colombia y de Brasil, dos economías con gobiernos progresistas y que han tenido la particularidad de realizar procesos participativos sobre temáticas ambientales y energéticas son modelos para destacar frente al negacionismo climático del resto del continente. Por Mariana Blanco Puente, Óscar Vargas y Gonzalo Berrón.
Sin duda alguna, el escenario geopolítico mundial está poniendo en el centro de la discusión el tema de la producción energética y de los recursos naturales que se utilizan como fuentes de energía.
La explotación del petróleo y los combustibles fósiles como principal causante del cambio climático ha sido ampliamente discutido durante las últimas décadas, sin embargo, vemos hoy en día como varios actores, principalmente políticos, ponen en entredicho investigaciones científicas y buscan retornar al centro del debate la supuesta importancia económica de la producción y explotación de este tipo de fuentes energéticas.
Algunos de estos discursos que suman a la idea del negacionismo climático están siendo protagonista de las economías más importantes del mundo, como la actual administración del gobierno de Estados Unidos, pero también se han instalado entre los gobiernos de derecha de algunos países la región.
América Latina, ajena a los conflictos armados actuales, por su parte está siendo también protagonista en algunos casos de este tipo de discursos negacionistas y de abandono del impulso de la transición justa, entrando al rompecabezas de la geopolítica mundial actual por sus aún bastos recursos naturales minerales y fósiles.
En el presente artículo, queremos hablar brevemente sobre algunas tendencias de la transición energética en la región y específicamente comentar dos casos en donde los gobiernos han puesto uno de los focos de política pública sobre la transición energética. Estos son los casos de Colombia y de Brasil, dos economías con gobiernos progresistas y que han tenido la particularidad de realizar procesos participativos sobre temáticas ambientales y energéticas.
Tendencias de la transición energética en la región
Los países de América Latina cuentan con una muy interesante y diversa matriz energética, y en muchos casos estás se alimentan de energías renovables desde hace décadas dados los importantes recursos hídricos, especialmente en el sur del continente.
Países como Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Colombia y Ecuador sustentan con hidroenergía la mayor parte de su producción eléctrica, sumándole además Uruguay con una importante producción de otro tipo de energías renovables (CEPAL, 2025).
A pesar de la importante producción de energía eléctrica renovable de algunos países, América Latina y el Caribe satisface sus necesidades energéticas principalmente a través de los combustibles fósiles, representando el 40% del suministro total de su energía (AIE, 2023), misma que es utiliza principalmente para el transporte y la industria.
Por su parte el gas ha aumentado su importancia especialmente en algunos países como Argentina, Bolivia, México, Perú y Venezuela representando más del 30% del suministro total de energía en estos países (AIE, 2023). Este último tema puede ser delicado en países como México que básicamente importa de Estados Unidos la mayor parte del gas natural el cual se obtiene a través de la tecnología de fractura hidráulica o mayormente conocido como fracking.
¿Qué pasa con la eólica y la fotovoltaica?
Otro tipo de energías renovables como la eólica y fotovoltaica si bien tienen una participación menor en algunas de las matrices energéticas de los países de la región, en países como Chile y Uruguay representan entre el 25% y 35% de la matriz eléctrica (AIE, 2023), y también se ha incrementado significativamente en países como Brasil. En cuanto al tema del carbón, Colombia es el principal exportador de carbón en la región, incluso exportando hacia otros países de la región productores de carbón a menor escala como Brasil y Chile.
Un tema que se ha vuelto crucial para la región en términos de la “transición energética” es la explotación de los minerales críticos. Si bien la región tiene importante trayectoria de explotación minera, hoy en día se encuentra también en el centro de los planes de la transición energética mundial por sus importantes reservas de minerales raros, los cuales están siendo cotizados a través de acuerdos comerciales de manera bilateral entre países, o países y regiones. En este sentido como dice Lucía Bárcena, muchas veces estos acuerdos comerciales se venden como una situación win-win (Bárcena, 2026).
Ahora bien, en términos de la transición energética ésta ha tenido mucho eco en los países de la región, ya sea por temas de seguridad energética, aplicación de los compromisos de los Compromisos Nacionalmente Determinados para reducir las emisiones de GEI o como oportunidades para resolver demandas energéticas específicas de la población.
De cualquier manera, hay algunos países que se destacan en términos de planes, programas y hojas de ruta para la transición y otros que no han avanzado tanto en este sentido. Mientras Colombia cuenta con una Política de Transición Energética y una Hoja de Ruta de Transición Energética Justa, Brasil cuenta con su propia Política Nacional de Transición Energética, siendo dos de los países que se han destacado en los últimos años por avanzar en la implementación en este sector.
hile es otro de los países que ha avanzado de manera importante con el tema de la transición energética a través del cierre o reconversión de las centrales termoeléctricas a carbón hacia el año 2040, y de las cuales ya se avanzó con 14 de ellas (Carrasco, et al, 2026). El país cuenta también con una Estrategia Nacional de Transición Sociológica Justa, lo que permitió ampliar las dimensiones del proceso hacía la equidad social, la restauración ambiental y la resiliencia territorial (Carrasco, et al, 2026).
México y Argentina, apuestan por los fósiles
Otros países como México y Argentina siguen apostando fuertemente por la explotación de combustibles fósiles, Argentina como el mayor productor de gas natural de la región y el segundo mayor productor de litio, y México con una fuerte política de rescate a la empresa de petróleo del Estado junto con una impronta de soberanía y seguridad energética.
Uno de los países de América Latina que tiene una trayectoria muy interesante en términos del avance de la producción de energías renovables es Costa Rica, el cual mantiene su matriz eléctrica principalmente a base de hidroelectricidad y con un esquema de planificación centralizada por el Instituto Costarricense de Electricidad (Lizana, 2024), sin embargo, las últimas administraciones de gobierno están buscando la apertura y privatización del mismo, buscando desmantelar uno de los últimos sistemas eléctricos que no funcionan a partir del mercado.
La transición energética en Colombia: avances, tensiones y encrucijadas electorales
La transición energética se ha convertido en uno de los ejes estructurales del debate público en Colombia. Bajo el gobierno de Gustavo Petro (2022–2026), el país ha asumido una narrativa de liderazgo regional en materia de transición energética justa, vinculando la acción climática con transformaciones productivas y sociales. Si bien hay avances a resaltar, este proceso está lejos de ser perfecto y emerge como un territorio de contienda importante para la campaña presidencial de 2026.
Colombia cuenta con una matriz eléctrica comparativamente baja en carbono. Alrededor del 65–70 % de la generación eléctrica proviene de fuentes hidroeléctricas, mientras que las térmicas representan cerca del 30 %, con una participación aún incipiente pero creciente de fuentes no convencionales como la solar y la eólica.
No obstante, la matriz energética total sigue dependiendo mayoritariamente de combustibles fósiles, siendo el petróleo el principal energético del país (UPME, 2023). El petróleo y sus derivados representaron aproximadamente el 30 % de las exportaciones totales en 2023, mientras que el carbón osciló entre el 15 % y el 20 % (DANE, 2023). De igual manera, las regalías provenientes del sector minero-energético han sido una fuente significativa de ingresos públicos.
Una de las decisiones más simbólicas de este Gobierno ha sido el anuncio de 2023 de no suscribir nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. El Ministerio de Minas y Energía ha sostenido que las reservas probadas y los contratos vigentes permitirían cubrir la demanda interna durante varios años mientras avanza la transición.
La medida, no obstante, ha recibido críticas desde los gremios del sector, advirtiendo que la reducción futura de producción de petróleo y gas puede afectar significativamente la cuenta corriente del estado y la seguridad energética en el largo plazo.
Aunque el Gobierno ha priorizado la implementación de nuevos proyectos de energía renovable, varios proyectos eólicos adjudicados en La Guajira han sufrido retrasos por dificultades en consultas previas con comunidades Wayuu, conflictos sobre compensaciones y limitaciones operativas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Casos como la suspensión de iniciativas de Enel evidencian que la expansión renovable depende de mayor legitimidad territorial. En paralelo, la promoción de minerales críticos ha generado controversias, como el proyecto de Libero Copper en Mocoa, que ha despertado oposición social por riesgos ambientales, mostrando que la transición también enfrenta disputas en torno a un nuevo ciclo extractivo.
Quizás el componente más innovador en términos sociales de la estrategia de transición es el programa de comunidades energéticas, que busca involucrar a comunidades y organizaciones sociales para que participen como generadores y gestores de energía, particularmente solar distribuida.
Su objetivo es reducir la pobreza energética en zonas rurales y periurbanas y descentralizar la generación, también disminuyendo gradualmente la dependencia de los megaproyectos de energía. Su implementación enfrenta desafíos técnicos (capacidad de redes), financieros (acceso a crédito) e institucionales (coordinación con comercializadores).
Adicionalmente, una crítica se ha centrado en el excesivo enfoque en la transferencia tecnológica, dejando de lado el fortalecimiento de esquemas locales de gobernanza y autonomía comunitaria, arriesgando la pervivencia de los proyectos en el largo plazo.
Vale la pena mencionar también el intento del Gobierno por vincular la transición energética a la Política Nacional de Reindustrialización de 2023, buscando sustituir progresivamente la renta fósil por encadenamientos productivos en energías renovables. A pesar de esto, ha habido pocos avances concretos.
De igual manera, la Reforma Tributaria de 2022 buscó incrementar el recaudo, intensificando el impuesto al carbono, fijando una tarifa especial gradual incremental para el carbón, y prohibiendo la deducción de regalías de la base gravable del impuesto sobre la renta para empresas extractivas. Este último instrumento fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2023, dejando en entredicho la capacidad final de recaudo, como antesala a la actual crisis fiscal del país.
A nivel internacional, el Gobierno también ha asumido un importante papel de liderazgo en línea con su lema “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”. En abril, Colombia acogerá la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. Este espacio se proyecta como un foro importante en la ruta hacia un tratado vinculante en la materia, abordando por ahora el impacto fiscal de la transición energética, condiciones habilitantes para la transformación del modelo económico y los instrumentos de gobernanza requeridos.
El tema ya ha cobrado prominencia en las campañas para las elecciones presidenciales de 2026. Mientras el candidato de continuidad, Iván Cepeda, se ha comprometido a profundizar la transición energética justa y mantener los compromisos ambientales del actual gobierno, su oponente de extrema derecha, Abelardo de La Espriella, segundo en las encuestas, ha hablado de fortalecer el sector minero energético e implementar prácticas como el fracking. Este año se juega el futuro de la transición energética en Colombia.
Transición energética en Brasil
La transición energética en Brasil iniciada fundamentalmente a partir de los años 2000 en todo el mundo, comienza en este país desde una base totalmente diferente. La escasez de petróleo durante el auge de su proyecto desarrollista empujó a este país hacia una búsqueda de alternativas que se centraron en la producción de energía hidroeléctrica y en el proyecto del Alcohol de caña de azúcar (etanol) como combustible para el transporte automotor. Este esfuerzo combinado en los años setenta – que incluyó también la construcción de centrales nucleares – se cristalizó en el proyecto “Pro-Alcool” y la construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, durante algunas décadas la mayor del mundo.
Sobre la base de la energía hidráulica y los biocombustibles – o agrocombustibles-, Brasil construyó, algunas décadas más tarde ya bajo el gobierno de Dilma Rousseff, la expansión hacia la eólica y la solar aprovechando la existencia de amplias áreas en el Nordeste brasileño geográficamente beneficiadas por la radiación del sol y los vientos, generando un total a nivel país del 23,7% de la electricidad en 2024 contra prácticamente 0 en 2010, 3,7% en 2015 (eólica) y 0,1% (solar), un crecimiento del 1.900% entre 2010 y 2024 (BEN/EPE).
En términos de matriz energética, Brasil registra un 49,1% de renovables contra un 50,1% de no renovables en 2023 según datos elaborados por Romano & Fuser (2025) – el promedio mundial es 15% y en los países OCDE 13% –, mientras la matriz eléctrica alcanzó, según los datos oficiales, el 84,63% de fuentes renovables como energía hidráulica, eólica, solar y biomasa (Aneel/Siga, por sus siglas en portugués: Agência Nacional de Energia Elétrica / Sistema de Informações de Geração).
Sin embargo, a pesar de que el sector energético responde por solo el 19,8% de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero en Brasil según el SEEG 2025 (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa), existe un consenso en el país de que es necesario descarbonizar aún más la energía y sobre todo enfocar en el sector transporte, que concentra el 70% del consumo de petróleo. “La transición energética es uno de los pilares de la política climática, por promover transformaciones duraderas”, como afirma el último informe del Observatorio del Clima (2026), importante conglomerado de organizaciones sociales brasileñas activas en esta discusión.
Situación del 3º Gobierno de Lula
La llegada del gobierno “Lula 3”, se tradujo en esta temática en una asimilación transversal estratégica de los objetivos de transición energética, involucrando a diversos ministerios, empresas y mecanismos de financiamiento con ese objetivo común.
El gobierno Lula asumió como propia la convicción de que la transición representaba una oportunidad de desarrollo para Brasil, que éste contaba con ventajas comparativas y que podría no solo obtener soberanía energética sino también hacerlo de forma justa.
A los planes ya existentes de Transformación Ecológica (Ministerio de Economía/Finanzas), el Plan Clima (Ministerio de Medio Ambiente) y Nueva Industria Brasil (Ministerio de Industria y Desarrollo) se le sumarían la Política Nacional de Transición Energética (PNTE), el Plan Nacional de Transición Energética (PLANTE) bajo la coordinación del Ministerio de Minas y Energía y el apoyo de la Empresa de Investigación Energética (EPE), y la coordinación del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) que es el órgano del estado que aprueba las políticas de energía.
El PNTE se articula con el PDE 2035 y el PNE 2055 que son instrumentos de política pública que apuntan a aumentar la consistencia entre metas climáticas, expansión de la infraestructura y la seguridad en el abastecimiento de energía.
Plantea el tripé famoso que combina: seguridad y resiliencia del sistema energético, pobreza y justicia energética, con foco en la universalización del acceso a la energía limpia y accesible, y finalmente “energía competitiva para una economía de bajo carbono, que busca fortalecer la competitividad industrial y promover inversiones sustentables” y ha incorporado el concepto de “Transición justa”.
Una estrategia híbrida
Sin embargo, este plan evidencia también la realidad de que Brasil seguirá con una estrategia híbrida que combina la expansión de las renovables con el mantenimiento de los fósiles estratégicos ante la necesidad de garantizar la seguridad energética, la previsibilidad de la oferta y la dimensión económica de la ecuación. El PDE 2035 se encuentra en consulta pública hasta marzo de este año.
Como parte de una gestión que tiene como mandato estructurante también la participación social, actores privados y gestores públicos de diversos niveles se crea el Foro (FONTE) que fuera reinaugurado con una nueva composición para el bienio 2025/26 que contempla 19 órganos del gobierno – por ejemplo el Ministerio de los Pueblos Indígenas – representantes municipales de las 5 regiones del país y miembros de la sociedad civil (sindicatos, universidades, movimientos sociales, ONG y empresas ligadas al sector energético).
Organizadas a través de tres cámaras temáticas para trabajar los ejes del PLANTE, el FONTE “fue creado para servir como espacio de diálogo permanente entre gobierno, sector privado y sociedad civil, garantizando transparencia y legitimidad a las políticas de transición energética.”
Biocombustibles
Existen algunos dilemas políticos fuertes sobre cuál es la “ruta tecnológica” indicada para realizar la transición energética a partir de las ventajas comparativas naturales y tecnológicas del Brasil. En 2021 se crea el programa “Combustible del Futuro” para darle impulso a la ruta “biocombustibles”, este programa se relanza en 2024 y se adopta mediante una ley que crea diferentes programas que van más allá del etanol: Programa nacional de Diesel Verde, programa Nacional de Combustibles Sustentable de Aviación (SAF en inglés), programa de Biometano y se combina con otros programas orientado a la industria del transporte vehicular, ellos son el Renovabio, Programa Mover, Programa brasileño de Etiquetado Vehicular, y el Programa de Control de la Contaminación del Aire por vehículos.
El programa aspira a incentivar la participación del sector agrícola en el sector de los biocombustibles, creando una serie de políticas para fomentar la descarbonización y la movilidad sostenible. En estos escenarios de grandes volúmenes de inversión, el programa intenta generar “previsibilidad de demanda para anclar las decisiones de construcción de nuevos emprendimientos” y prevé un volumen de inversiones de alrededor de R$260 mil millones hasta 2037 (aproximadamente U$51 mil millones).
Problemas socioambientales
Mientras el país “avanza” por estas rutas, hay una creciente conciencia de que esto no puede realizarse a cualquier costo, y que la utopía de la “transición justa”, a pesar de ser un principio teórico adoptado de forma transversal, no ha cumplido aún sus promesas en términos sociales y económicos.
Casos como los de las violaciones de los derechos a su territorio y su forma de vida de la comunidad del Quilombo do Cumbe en Ceará, o en la Comunidad Serra do Mel –estado de Rio Grande do Norte– perpetrados por la empresa Voltalia SA, dan cuenta de una realidad creciente: las comunidades locales son impactadas a cambio de prácticamente ningún beneficio económico debido a contratos abusivos de uso de la tierra que no generan ingresos para los municipios ni empleo local, por lo que la pobreza continúa en general inalterada , y es agravada por la pérdida parcial de sus territorios que son la base material de su subsistencia y reproducción sociocultural.
Un informe publicado en 2025 por Repórter Brasil afirma que el 34% de las áreas protegidas en Brasil son impactadas por la expansión de los proyectos de energía renovable; cabe destacar que esas áreas son las que más contribuyen a la estabilidad del clima y donde habitan pueblos indígenas, poblaciones ribereñas, quilombolas y pueblos tradicionales.
Algunas conclusiones
En conclusión, sobre la base de una estructura de energías renovables sólida, el Brasil ha expandido su capacidad de generación en el ámbito de las eólicas y solares, profundiza políticas para la consolidación de diversas rutas tecnológicas alrededor de su base ya consolidada de biocombustibles y ha llegado a construir un consenso sobre este camino que se expresa en los diversos paquetes de políticas del gobierno Lula 3, que alinea sectores productivos diversos como el agro, el petrolero, la industria automotriz, la minería y el sector financiero público y privado atrás del desarrollo de la “transición energética” y las oportunidades que esta ofrece.
Sin embargo, quisiera destacar en estas conclusiones algunos desafíos que considero los más críticos:
- En términos estratégicos la gran amenaza de la transición es el dilema de cómo administrar la nueva “riqueza petrolera” para que ella no sea la opción fácil para suplir la creciente demanda de energía, o el camino tentador para generar riquezas voluminosas para una cadena productiva bastante extensa y con capacidad para generar tecnologías propias y beneficios en términos de soberanía y seguridad energética.
- El desarrollo de tecnologías propias también es un desafío, y por ello la “ruta de los biocombustibles” resulta estratégica para Brasil: es allí donde el país cuenta con ventajas potenciales respecto a campos como la eólica, la solar y el hidrógeno, dominados hoy tecnológica y económicamente por China.
- También se deben superar problemas estructurales de orden técnico derivados de la intermitencia del viento, la radiación solar e incluso el agua. En la actualidad, por ejemplo, la incapacidad de almacenar la energía solar o eólica excedente que se genera le cuesta millones de dólares a las arcas públicas (o a los consumidores).Hay, por otra parte, un conflicto constante por la expansión del agronegocio derivado de la expansión de “agrocombustibles”, la presión sobre la agricultura familiar y campesina y sobre el ambiente que esto provoca. Así mismo, se verifica una tensión que juega sobre la seguridad y soberanía alimentaria provocada por el aumento de la demanda de la agricultura orientada a la producción de energéticos y no de alimentos.
El desafío central que permanece pendiente puede resumirse así: superar la pobreza energética, evitar los impactos socioambientales de los proyectos en implantación, y garantizar que la transición sea justa no solo para no violar derechos humanos sino también en términos de distribución de sus beneficios económicos –no meramente un negocio para las empresas, sino un camino estratégico para la construcción de soberanía energética y acceso a la energía para todas y todos en Brasil.
