Estamos ante una emergencia climática. Este hecho, que ya es evidente a la vista, fue además explícitamente reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En este contexto, el litigio climático se ha convertido en una herramienta indispensable para la defensa ambiental y la consolidación del derecho internacional en favor de la justicia climática y los derechos humanos. Por Gisselle García Maning y Florencia Ortúzar Greene.
A través del litigio climático se pueden frenar decisiones arbitrarias, promover cambios regulatorios, generar precedentes, activar estándares internacionales y fortalecer la rendición de cuentas frente a intereses económicos y políticos que afectan a las comunidades vulnerables. Así, se erige como mecanismo de resistencia democrática y catalizador de un orden jurídico que reconozca que sin naturaleza no hay derechos y sin derechos no hay democracia.
Litigar en el Sur exige estrategias adaptadas a condiciones estructurales e institucionales propias; a la vez, América Latina aporta recursos jurídicos y sociales singulares. Para ofrecer un diagnóstico basado en evidencia, este capítulo se apoya en la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe (PLC), que reúne más de 150 casos en 14 países. Con esa base, y considerando desarrollos institucionales regionales como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú, examinamos las fortalezas y desafíos del litigio climático en América Latina, con la intención de extraer lecciones útiles para quienes usan el litigio como herramienta de acción climática.
La identidad del litigio Latinoamericano: aportes para el mundo
América Latina alberga ecosistemas muy importantes como la Amazonía, los Andes y los hielos de la Patagonia, entre otros, y es hogar de numerosos pueblos indígenas y comunidades tradicionales, cuyos saberes ancestrales enriquecen el cuidado del territorio. Esta riqueza biocultural existe paralelamente con desigualdades estructurales derivadas de largos procesos de despojo, explotación y marginalización. La combinación ha propiciado marcos jurídicos y sociopolíticos singulares que han definido una identidad propia de los litigios climáticos latinoamericanos, influenciada principalmente por cuatro factores clave:
- Constitucionalismo ecológico
El reconocimiento constitucional de la personalidad jurídica de la naturaleza y de sus derechos ambientales representa una transformación paradigmática en la manera de entender la relación entre Estado, sociedad y naturaleza. Impulsada por el derecho internacional ambiental y por cosmovisiones indígenas que conciben a la naturaleza como una entidad viva y no como un mero objeto de explotación económica, esta corriente biocéntrica ha favorecido litigios innovadores.
Aunque la implementación del constitucionalismo ecológico se ha encontrado con grandes desafíos, su influencia ha irradiado más allá de la región. Este modelo ofrece argumentos sólidos que han contribuido a replantear los fundamentos del derecho ambiental contemporáneo abriendo puertas a litigios novedosos en los que ríos, bosques, especies animales y ecosistemas han sido defendidos como titulares de derechos propios. La PLC registra hasta el momento (a marzo 2026) 8 casos en Ecuador y uno en Bolivia, donde se han invocado los derechos de la naturaleza para protegerla de actividades extractivas.
- Cosmovisión y resistencia de los pueblos originarios
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) existen aproximadamente 826 pueblos originarios y/o indígenas en la región, con una población total de entre 45 y 50 millones de personas. En los últimos años, varias luchas indígenas han optado por la judicialización como forma de resistencia. Estos casos están revestidos de una legitimidad derivada de la afectación directa al territorio, la cultura y a su propia subsistencia, lo que ha fortalecido tanto la evidencia probatoria como la presión política de estas demandas, posicionando a los pueblos originarios como actores clave para incidir en decisiones estructurales.
En la PLC alrededor del 16% de demandas registradas han sido presentadas por pueblos indígenas y comunidades tradicionales como actores principales. Las motivaciones más recurrentes han sido la defensa de sus territorios frente a la minería o proyectos energéticos.
- Movimientos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil
Más de la mitad de los casos registrados en la PLC (57%) han sido presentados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o movimientos ciudadanos no constituidos legalmente. Esto nos habla del papel preponderante que tiene este sector en la resistencia climática en América Latina.
A diferencia de otras regiones, donde la movilización climática suele centrarse en metas de reducción de emisiones, en América Latina la resistencia está fuertemente ligada con la defensa del territorio, del agua y de la vida comunitaria. Las demandas se llevan adelante junto con protestas y otras manifestaciones colectivas para frenar proyectos y llamar la atención sobre la falta de consulta y participación, el desplazamiento forzado, la criminalización y el hostigamiento contra personas defensoras del ambiente. La convergencia entre defensa territorial y derechos humanos es un elemento distintivo en la región que potencia la legitimidad, visibilidad política y el impacto estratégico de los litigios.
- Instrumentos e instituciones regionales
La región ha visto fortalecida su capacidad para litigar en materia climática mediante instrumentos e instituciones supranacionales que articulan estándares y recursos. El sistema interamericano ha consolidado criterios que vinculan derechos humanos y protección ambiental; mientras que el Acuerdo de Escazú promueve acceso a la información, participación y justicia ambiental. Estos instrumentos amplían argumentos, facilitan pruebas y ofrecen mecanismos de presión y visibilidad que complementan las herramientas nacionales frente a poderes extractivos y sistemas judiciales frágiles.
La PLC ya cuenta con cuatro casos donde la OC 32/25 de la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos se ha invocado expresamente como fundamento jurídico, y dieciséis casos donde se ha usado al Acuerdo de Escazú. La previsión es que cada vez existan más demandas y sentencias que utilicen estos instrumentos supranacionales.
Desafíos para el litigio climático en América Latina
En América Latina el litigio climático enfrenta desafíos estrechamente vinculados a su contexto histórico, social, económico y político. En muchos países persisten debilidades en los sistemas judiciales y presiones políticas o económicas vinculadas a industrias extractivas que condicionan la eficacia y seguridad de las estrategias de litigio. A saber:
- Riesgos para defensores y defensoras
América Latina es la región más peligrosa para personas defensoras del ambiente. En 2022, más del 60% de los asesinatos globales de líderes ambientales ocurrieron en la región. Este contexto disuade la presentación de demandas y la búsqueda de justicia por las comunidades afectadas. La protección internacional, medidas cautelares y visibilización mediática son clave para reducir el riesgo.
- Limitaciones en la legitimación activa:
Las organizaciones y movimientos de la sociedad civil en la región, y sobre todo en México, a menudo enfrentan dificultades para demostrar que sufren un agravio, requisito necesario para poder litigar. Limitar la legitimidad activa representa un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que impide que el juez se pronuncie sobre el fondo del caso.
- Barreras probatorias y técnicas:
En los litigios climáticos es común encontrar barreras en la fase probatoria, derivadas de la complejidad científica del cambio climático y la escasez de recursos técnicos y económicos que dificultan demostrar causalidades y responsabilidades, mientras que las contrapartes más comunes, Estados y sobre todo corporaciones, gozan de amplios recursos. Contar con fuentes de financiamiento suficiente para llevar adelante y mantener litigios en el tiempo y hacer alianza con investigadores independientes, universidades y redes transnacionales puede mitigar esta debilidad.
- Presiones políticas y económicas (captura corporativa):
La captura corporativa es uno de los principales desafíos estructurales para la gobernanza ambiental y climática en América Latina. Ocurre cuando las empresas pueden presionar para flexibilizar normas ambientales, acelerar permisos o limitar mecanismos de participación. El fenómeno no solo debilita la capacidad del Estado para proteger el ambiente y los derechos humanos, también socava la confianza en las instituciones democráticas y profundiza conflictos socioambientales. La visibilización internacional y la movilización social ayudan a equilibrar esas presiones.
- Implementación de sentencias
En el 80 % de los casos registrados por la PLC con sentencias favorables, la ejecución enfrenta obstáculos administrativos, políticos o financieros.
Las órdenes judiciales que requieren acciones complejas —como la restauración ambiental, el rediseño de políticas climáticas o la suspensión de proyectos extractivos— requieren de coordinación institucional y voluntad política que muchas veces no se materializa. Las autoridades administrativas retrasan su cumplimiento, reinterpretan sus alcances o aplican medidas parciales que diluyen su impacto. Esta situación refleja debilidades en los mecanismos de supervisión judicial y en la capacidad de las instituciones públicas para garantizar derechos humanos.
Conclusión: de América Latina para el mundo
El litigio estratégico no es la actuación aislada de un abogado ante un juez, sino un plan complejo e interdisciplinario. Para catalizar el cambio, el litigio debe venir con comunicaciones, evidencia científica y local, alianzas académicas, creatividad y arte, narrativa pública, presión social y apoyo mediático e internacional, entre muchos otros elementos. Crear y nutrir redes es vital. Compartir experiencias permite al movimiento que usa el litigio como herramienta de cambio, alcanzar su máximo potencial.
América Latina ofrece al mundo una contribución distintiva y transformadora al litigio climático, al combinar estándares internacionales consolidados, innovación jurídica, movilización social y una visión que integra saberes ancestrales, derechos humanos y protección ambiental. En la región han surgido enfoques que trascienden el paradigma tradicional.
Pero nada de esto debe darse por sentado: el potencial transformador depende de mitigar riesgos y de articular litigio con movilización, ciencia y solidaridad internacional. Si se abordan los desafíos, la identidad litigante latinoamericana no solo aportará respuestas locales, sino que podrá inspirar y alimentar estrategias globales para la justicia climática mundial.
Referencias bibliográficas
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