Para construir una sociedad resiliente y sostenible es necesario saber qué es la Justicia Ambiental, un concepto que las organizaciones sociales como Barrios de Pie levantamos como un mantra, ya que a través de ella podemos entablar acuerdos que beneficien a todas las personas. Por Carolina Somoza, licenciada en Ciencia Política, graduada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada en Derecho Ambiental (UBA). Actualmente es coordinadora de la Universidad Popular Barrios de Pie.
Entendemos que no todos y todas tenemos la misma responsabilidad en las actividades que van rápidamente acrecentando la crisis climática, y que, a su vez, dicha crisis no afecta a todos y todas por igual.
Esto es particularmente un llamado de atención para las grandes industrias porque la crisis climática fue, en gran medida, provocada por la actividad económica desmedida (especialmente la que se realiza sin ningún tipo de control).
Hay quienes definen la Justicia Ambiental como la “distribución equitativa de cargas y beneficios en el uso y aprovechamiento de los bienes naturales de interés común, como son, por ejemplo, el agua y el aire” pero en la realidad argentina sabemos que, en al menos dos sentidos, esto no ocurre.
Desde los lugares de toma de decisiones ambientales (y no estamos hablando solo del sector público, sino también del sector privado) hasta la planificación, ejecución y evaluación de las políticas en esta materia, los más pobres no ocupamos ningún espacio, pese a ser de los sectores que más contribuimos a cambiar la situación ambiental en nuestro país.
Justicia ambiental en la economía social y popular
Tal es así, que la llamada economía social y popular (donde las personas más pobres nos inventamos nuestros propios trabajos) es una propuesta y una visión de la cual forman parte las actividades económicas que pretenden beneficiar a toda la sociedad.
Las características principales de la economía social son la adhesión voluntaria, la autonomía, la democracia interna y la primacía de las personas.
La principal ventaja de esta economía es que prescinde prácticamente de la externalización de costos ambientales y sociales. Entre las estrategias de maximización de beneficios y de competitividad también se encuentra la minimización del uso de combustible y se tiene en cuenta la huella ecológica de las actividades y realizar acciones para medir su impacto.
Acciones y participación
En Argentina tenemos herramientas legales sumamente importantes a la hora de hablar de materia ambiental (que son pioneras a nivel mundial) y que involucran la participación popular, uno de los pilares principales al hablar de Justicia Ambiental.
Solo por nombrar algunas: las acciones de amparo, que sirven para proteger los derechos fundamentales en situaciones donde es urgente tener una decisión judicial; las audiencias públicas, que si bien no son vinculantes, permiten a la ciudadanía dar su opinión sobre proyectos que se van a llevar a cabo en su territorio.
También contamos con varias leyes de presupuestos mínimos que han sido fruto de la lucha de las organizaciones ambientales, nombramos las más destacadas:
Alcances de la legislación
Pero también debemos decir que nuestra legislación, a pesar de ser de vanguardia, apunta mucho más a la mitigación de los daños, que a su prevención.
Este es un tema en el que insistimos mucho desde los barrios populares y villas porque, por ejemplo, necesitamos que la basura sea correctamente dividida y tratada donde corresponde, antes de ser arrojada en micro y macrobasurales en nuestros barrios. Esto es fundamental ya que esa contaminación se transforma en enfermedades respiratorias y cáncer para quienes vivimos allí.
En materia de políticas públicas ha costado que se nos tome en cuenta. En algunas políticas, como las de gestión de residuos, hemos sido consultados y considerados gracias a las discusiones que hemos venido dando hacia la sociedad con los cartoneros, y recicladores y recicladoras (actividad económica encuadrada en la economía social).
También en la propuesta y la defensa de proyectos de ley como la Ley de Envases o la Ley de Humedales. Pero en otras políticas públicas que impactan enormemente nuestra realidad casi no se nos ha tenido en cuenta, y en muchos casos, fuimos un sector olvidado.
Estamos hablando, para ejemplificar, de la implementación de la Ley de Educación Ambiental en la que no se nos contempló como un actor que pudiera no solo pensar, sino llevar a cabo dicha ley; el acceso al agua potable que todavía no es una realidad en todas las villas de nuestra patria y la lista continúa.
El sector privado en la mesa de negociación
En ese sentido, también el sector privado también tiene una deuda con nosotros y nosotras. Son poquísimas las instancias en las que logramos sentarnos con empresas de diferentes tipos a pensar y hacer realidad las transformaciones necesarias para cambiar nuestra realidad.
En la industria agrícola y ganadera, las microempresas familiares y populares, cuya producción se hace de manera agroecológica, compiten con empresas millonarias, que irónicamente son las que más contaminación producen en Argentina.
Según datos oficiales del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Argentina, la industria de la energía en nuestro país totaliza el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la combustión.
A eso le sumamos que la mayoría de las extracciones no se hacen de forma consensuada con el territorio donde se realizan.
La industria textil, por su parte, tiene también una gran responsabilidad en temática de contaminación, y aun así, no se tiene en cuenta a las trabajadoras y trabajadores de la economía social de esta rama, pese a que la mayor parte de la producción que realiza este sector es con tela reciclada.
La justicia ambiental nos incluye a todos
La Justicia Ambiental engloba, también, otros tipos de injusticias, como las raciales o las de género. Según datos oficiales, las mujeres representamos el 64% de la población de menores ingresos, es por eso que cuando hablamos de pobreza decimos que tiene cara de mujer. Y esto no es una mera coincidencia.
Atando cabos, logramos ver que somos las mujeres quienes nos cargamos en nuestros hombros, mayoritariamente, la lucha ambiental y el cuidado de nuestra Casa Común, como así también, las tareas de cuidado domésticas.
Lo mismo pasa con las poblaciones originarias que tienen una relación mucho más respetuosa con la naturaleza (Buen Vivir).
Vemos así, entonces, que la Justicia Ambiental va de la mano de la redistribución de la riqueza, el respeto por la naturaleza, el uso ético, equilibrado y responsable de la tierra y de los bienes naturales, pero fundamentalmente, de hacernos parte -a los sectores más pobres- de la creación de soluciones, y de pensar nuevas formas de producción y de consumo.
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