Las organizaciones jóvenes de América Latina que suscribimos la presente nos dirigimos a los gobiernos participantes de la Conferencia de Santa Marta en un momento crítico para nuestra región y el mundo.
La crisis climática ya no es una proyección futura: es una realidad presente que se manifiesta en eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos, pérdida acelerada de biodiversidad, estrés hídrico y profundización de desigualdades estructurales. Solo en 2024, América Latina registró al menos 56 desastres asociados a eventos climáticos extremos que afectaron a más de 6 millones de personas y generaron pérdidas económicas superiores a los 10.200 millones de dólares, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estos impactos no son abstractos: afectan de manera directa la vida cotidiana de millones de personas, especialmente en comunidades en situación de mayor vulnerabilidad.
En este contexto, América Latina se encuentra en una posición estratégica única. Nuestra región combina un enorme potencial para el desarrollo de energías renovables, ecosistemas clave para la estabilidad climática global y experiencias territoriales valiosas en gestión comunitaria y ambiental. Sin embargo, también enfrenta fuertes dependencias económicas, fiscales y productivas vinculadas a los combustibles fósiles, así como presiones estructurales sobre sus territorios y recursos naturales. Esta vulnerabilidad se ve agravada por condiciones sociales persistentes: el 27,3% de la población de la región vive en situación de pobreza, lo que limita significativamente su capacidad de adaptación frente a los impactos del cambio climático (CEPAL).
Asimismo, los impactos climáticos ya están generando desplazamientos en la región: en 2021, aproximadamente 1,2 millones de personas fueron desplazadas por desastres en América Latina y el Caribe, mientras que se estima que, hacia 2050, la migración interna por causas climáticas podría alcanzar más de 17 millones de personas en la región (World Bank, 2018; Groundswell Report). Este escenario refleja la magnitud de la crisis y la necesidad urgente de respuestas estructurales.
Esta doble condición representa tanto un desafío como una oportunidad: avanzar hacia una transición energética que no solo sea ambiciosa, sino también justa, ordenada y equitativa.
Desde las juventudes de América Latina, reafirmamos que una transición energética justa implica garantizar una distribución equitativa de sus costos y beneficios, proteger los derechos de las comunidades, incluyendo pueblos indígenas y comunidades locales, y asegurar alternativas económicas sostenibles para los sectores y territorios afectados. Asimismo, requiere incorporar una perspectiva de justicia intergeneracional, evitando que las decisiones actuales profundicen las desigualdades existentes o limiten las oportunidades de las generaciones futuras.
Sin embargo, avanzar en esta transición exige reconocer las complejidades reales que enfrentan nuestros países. La dependencia de los combustibles fósiles en diversas economías de la región demanda estrategias de transformación progresivas, planificadas y contextualizadas, que contemplen tanto la estabilidad económica como la urgencia climática. El cambio climático ya genera impactos económicos crecientes en América Latina, afectando infraestructura crítica, sistemas productivos y medios de vida, con pérdidas que aumentan de manera sostenida en las últimas décadas (UNICEF).
En paralelo, la agenda climática regional no puede limitarse a la mitigación. América Latina es una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, por lo que resulta imprescindible fortalecer las políticas y acciones de adaptación, así como abordar de manera decidida la deforestación y la degradación de ecosistemas estratégicos, fundamentales para el equilibrio climático global.
En este escenario, el financiamiento climático constituye una condición habilitante indispensable. Es necesario garantizar un aumento significativo, predecible y accesible de los recursos disponibles, alineado con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Este financiamiento debe priorizar la implementación efectiva en los territorios, incluyendo el acceso directo para gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales.
Las juventudes de América Latina enfrentan, además, desafíos estructurales propios. La tasa de desempleo juvenil en la región alcanza el 13,4%, y cerca del 19,6% de los jóvenes no cuentan con empleo, educación o formación (OIT). Asimismo, apenas un tercio de los jóvenes se encuentra empleado, lo que refleja profundas limitaciones en la generación de oportunidades (CEPAL). Estas condiciones de vulnerabilidad se ven agravadas por los impactos del cambio climático, que afectan de manera desproporcionada a las nuevas generaciones.
Sin embargo, en una región donde el desempleo juvenil es elevado, la transición energética representa también una oportunidad estratégica para la generación de empleo digno y sostenible. Para ello, es imprescindible que las políticas públicas integren activamente a las juventudes en el diseño e implementación de soluciones, promoviendo el desarrollo de capacidades, la innovación y la creación de empleo verde.
Como juventudes, no somos únicamente observadoras de este proceso. Somos actores clave en la construcción de soluciones. Nuestra participación no debe limitarse a espacios consultivos, sino integrarse de manera efectiva en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la transición energética, la adaptación climática y la protección de la naturaleza.
Las juventudes aportamos innovación, conocimiento territorial, capacidad de articulación y compromiso con procesos de transformación a largo plazo. Por ello, instamos a los gobiernos a reconocer y consolidar nuestro rol estratégico, generando mecanismos institucionales concretos que garanticen nuestra participación significativa en los procesos de toma de decisión a nivel nacional y regional.
En el camino hacia la Conferencia de Santa Marta y en el marco de los procesos internacionales que conducirán a la COP30, hacemos un llamado a avanzar hacia una agenda climática que sea verdaderamente transformadora, basada en la implementación, la equidad y la cooperación regional.
América Latina tiene el potencial de liderar una transición energética que sea ejemplo a nivel global. Para ello, es imprescindible que las decisiones que se adopten hoy integren la voz, el conocimiento y la acción de las juventudes.
La urgencia, la ambición y la implementación deben avanzar juntas. Y las juventudes debemos ser parte activa de ese proceso.
Link para firmar la carta: https://forms.gle/wD9fU3bjjZhG4Auv9
Organizaciones firmantes: CLAAC, Colima Sostenible A.C., Con el Poder de la Amistad Fundación, Cuícatl, tejido de ciencia y arte, DinoColectivo Verde de Coahuila, Eco House, Eco Pelo Clima, Global Youth Biodiversity Network (GYBN Colombia – Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad – Capítulo Colombia), Jovens Cientistas Brasil, Nuestro Futuro A.C., Palmares Lab, Nature pulse LATAM, Plogging Colombia, PYCC COP30, Red de Jóvenes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sustenta Honduras, Sustentabilidad Sin Fronteras, Uno.Cinco.