Avances, tensiones geopolíticas y desafíos para la próxima etapa del multilateralismo climático. Por Enrique Maurtua Konstantinidis.

Introducción

En noviembre de 2025, la ciudad amazónica de Belém, en Brasil, fue sede de la COP30, la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La reunión fue presentada como una oportunidad para revitalizar la cooperación climática internacional y priorizar la implementación en una década decisiva para el cumplimiento del Acuerdo de París.

La conferencia tuvo lugar en un contexto internacional particularmente complejo. Tensiones geopolíticas crecientes, desaceleración económica global y desacuerdos persistentes sobre financiamiento climático condicionaron el clima político de las negociaciones. Aun así, los gobiernos lograron alcanzar un conjunto de acuerdos conocido como el “Paquete de Belém”, orientado a fortalecer la implementación de compromisos climáticos y acelerar la transición hacia economías bajas en carbono.

De cara a la próxima ronda de negociaciones, la pregunta central es si la gobernanza climática internacional será capaz de transformar compromisos políticos en resultados concretos. La COP31 deberá enfrentar no solo la brecha entre ambición y acción, sino también un orden internacional cada vez más fragmentado.

Una COP orientada a la implementación

La COP30 fue concebida como una “COP de implementación”. Tras el primer balance global del Acuerdo de París realizado en 2023, el objetivo principal era avanzar desde las metas hacia mecanismos concretos de ejecución.

Uno de los resultados más relevantes fue la adopción de la Decisión Mutirão, el texto central del Paquete de Belém, que integra en un solo acuerdo de consenso cuatro áreas clave de negociación: financiamiento, mitigación, adaptación y transición justa. El documento lanza además el Acelerador Global de Implementación y la Misión Belém 1.5°C, orientados a traducir compromisos políticos en acción concreta a nivel nacional.

En materia de financiamiento para la adaptación, los países acordaron triplicar los recursos destinados a este fin para 2035, una medida largamente reclamada por los países en desarrollo. Sin embargo, como señala la Universidad de las Naciones Unidas, se trata de una señal política: el financiamiento actual está muy por debajo de lo que los países vulnerables necesitan, y los impactos climáticos se aceleran más rápido que los recursos disponibles.

Otro avance fue la creación del Mecanismo de Acción de Belém (BAM), la nueva plataforma institucional para la transición justa dentro del sistema de Naciones Unidas. El mecanismo busca garantizar que la transformación hacia economías bajas en carbono no genere nuevas desigualdades ni afecte desproporcionadamente a comunidades dependientes de industrias intensivas en carbono, coordinando iniciativas, compartiendo buenas prácticas y movilizando recursos para el Sur Global.

En cuanto a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los planes climáticos que cada país presenta con sus metas de reducción de emisiones, la COP30 dejó un resultado agridulce. Si bien 119 países —que representan el 74% de las emisiones globales— habían presentado nuevos compromisos, la brecha entre lo prometido y lo requerido por la ciencia sigue siendo significativa.

Para mantener el objetivo de 1,5 °C, sería necesario reducir las emisiones globales en torno a un 43% para 2030 —y profundizar aún más ese esfuerzo hacia 2035—, pero los compromisos actuales apenas permitirían alcanzar reducciones cercanas al 20%. En otras palabras, menos de la mitad del esfuerzo necesario está hoy cubierto, dejando una distancia considerable entre ambición y acción.

Las limitaciones del proceso multilateral

A pesar de los avances alcanzados, la COP30 también evidenció las dificultades persistentes del sistema climático internacional para aumentar la ambición global.

Uno de los puntos más sensibles fue la ausencia de un acuerdo explícito sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Aunque numerosos países impulsaron un lenguaje más contundente, la oposición de varios grandes productores de hidrocarburos impidió alcanzar un consenso.

Ante la imposibilidad de alcanzar ese consenso, la presidencia brasileña optó por una salida poco convencional: anunció la elaboración de dos hojas de ruta paralelas al proceso formal de Naciones Unidas, una orientada a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y otra destinada a detener y revertir la deforestación para 2030. Ambas se desarrollarán mediante diálogos de alto nivel con gobiernos, sectores industriales y sociedad civil a lo largo de 2026.

Sin embargo, estas iniciativas no son vinculantes ni forman parte de las decisiones formales de la COP, lo que llevó a varios observadores a calificarlas como un “premio consuelo” más que como un avance sustantivo. Para algunos países ambiciosos, el resultado representó un retroceso respecto a los acuerdos de la COP28 de Dubái, donde por primera vez se había acordado avanzar hacia una transición energética que contemplara la reducción progresiva de los combustibles fósiles.

La conferencia también volvió a poner de manifiesto la brecha entre compromisos políticos y resultados climáticos reales. Diversos análisis científicos señalan que, incluso si se cumplen todas las políticas climáticas actuales, el mundo se encuentra lejos de una trayectoria compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Esta urgencia adquiere una dimensión concreta al considerar que, según estimaciones internacionales, entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven actualmente en regiones altamente vulnerables al cambio climático.

Otro punto de fricción persistente es el financiamiento climático. El nuevo objetivo acordado en la COP29 de Bakú establece movilizar al menos 300 mil millones de dólares anuales hacia 2035 para países en desarrollo. Al mismo tiempo, la decisión reconoce la necesidad de escalar el financiamiento total a 1,3 billones de dólares anuales, a través de la llamada “Baku to Belém Roadmap”.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se alcanzará esa escala —incluido el rol del financiamiento privado y las condiciones de acceso— fue uno de los ejes de tensión en la COP30. Para muchos países, la distancia entre el objetivo operativo y el nivel de financiamiento necesario sigue siendo una de las principales limitaciones del sistema.

Estas tensiones reflejan el desafío central de la gobernanza climática contemporánea: lograr acuerdos ambiciosos en un sistema internacional cada vez más fragmentado por rivalidades entre grandes potencias, tensiones comerciales y disputas por tecnologías estratégicas.

América Latina en Belém: tensiones dentro de la región

La COP30 tuvo también una dimensión geopolítica regional significativa. Como país anfitrión, Brasil asumió un rol central en la conducción política de las negociaciones, generando altas expectativas sobre su capacidad para articular consensos entre países con posiciones diversas.

Sin embargo, el desarrollo de la segunda semana dejó señales de fricción. Algunos países expresaron preocupaciones sobre el manejo del proceso negociador, especialmente por la ausencia de plenarias de balance y el predominio de negociaciones a puerta cerrada. Como resultado, la plenaria final registró intervenciones inusualmente firmes por parte de varias delegaciones latinoamericanas, que manifestaron preocupaciones sobre el Programa de Trabajo de Mitigación y los avances en el Objetivo Global de Adaptación.

Para muchos observadores, este episodio representó una ruptura con una práctica diplomática regional implícita: los países latinoamericanos suelen evitar cuestionar públicamente a una presidencia de COP ejercida por otro país de la región.

Uno de los casos más ilustrativos fue el de Colombia. El país había buscado posicionarse como actor relevante en el debate sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Sin embargo, durante las etapas finales de la conferencia no tuvo la oportunidad de presentar formalmente algunas de sus posiciones.

La situación se volvió más visible cuando la conferencia destacó la próxima Cumbre sobre la Eliminación de los Combustibles Fósiles, organizada por Colombia junto con los Países Bajos, mientras que Brasil manifestó su intención de liderar una hoja de ruta internacional sobre transición energética. Aunque el borrador colombiano tenía escasas posibilidades de prosperar en las negociaciones formales, terminó convirtiéndose en símbolo de una disputa más amplia sobre liderazgo político dentro de la región.

Estos episodios reflejan una realidad más compleja: América Latina comparte intereses estructurales en la agenda climática, pero también enfrenta una creciente competencia por liderazgo internacional.

COP31: prioridades para la próxima etapa

En este escenario, la COP31 tendrá un papel crucial para definir la próxima fase del régimen climático internacional.

Uno de los desafíos centrales será evaluar la nueva generación de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que se presentaron, y las que se pudieran presentar en 2026. Estas metas definen la trayectoria global de emisiones hasta 2035 y serán determinantes para mantener vivo el objetivo de 1,5 °C. El Marco de Transparencia, que ya está operativo, deberá evaluar el progreso, es seguramente el tema menos atendido, pero quizás donde haya más trabajo para dar seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paris. 

Otro punto clave será operacionalizar los compromisos financieros acordados en Belém, especialmente en materia de adaptación. Sin avances concretos en financiamiento, muchos países vulnerables difícilmente podrán implementar medidas de resiliencia climática a la escala necesaria.

La COP31 también podría convertirse en un espacio para retomar el debate sobre la transición fuera de los combustibles fósiles, un tema que seguirá siendo central para la credibilidad del sistema climático internacional.

Conclusión

La COP30 de Belém representó un momento importante para la gobernanza climática global. En un contexto internacional complejo, los países lograron preservar el marco multilateral del Acuerdo de París y avanzar en áreas clave como financiamiento para adaptación, transición justa y cooperación climática.

Sin embargo, la conferencia también puso de manifiesto las limitaciones actuales del sistema. Las dificultades para alcanzar compromisos más ambiciosos en reducción de emisiones y eliminación de combustibles fósiles reflejan tensiones estructurales entre intereses económicos, energéticos y geopolíticos. Las dinámicas regionales observadas en América Latina ilustran además cómo la competencia por liderazgo político puede influir en la diplomacia climática global.

De cara a la COP31, el desafío será transformar compromisos políticos en resultados tangibles. Más que producir nuevas declaraciones, el sistema climático internacional deberá demostrar su capacidad para acelerar la implementación de políticas, movilizar financiamiento y fortalecer la cooperación entre países. La transición hacia economías bajas en carbono ya está en marcha. La cuestión central para las próximas conferencias climáticas no será si esa transición ocurrirá, sino a qué velocidad y bajo qué condiciones de cooperación internacional se desarrollará.