Todos los que aportamos a este libro (o al menos quienes escribimos este artículo) esperábamos que la COP30 en Belém do Pará representara un punto de inflexión histórico para la agenda climática global. Diez años después del Acuerdo de París, la comunidad internacional se enfrentaba al desafío de transformar las promesas de “transición justa” en mecanismos institucionales concretos para proteger a los trabajadores y a las comunidades del Sur Globa Claramente, eso no ocurrió…entonces, seguimos participando? Por Sol Klas y Ruth Mattos.
Desde el mundo del trabajo entendemos que la transición no es solo un objetivo ambiental, sino un imperativo de justicia social y derechos humanos, todos conceptos atacados por el actual gobierno argentino y por el avance de la extrema derecha a nivel internacional.
Si pensamos en la evolución de la transición justa como proceso histórico dentro de la CMNUCC, vemos que pasó de ser una mención en el preámbulo de París a una estructura operativa todavía en desarrollo.
Su origen se remonta a 2022-2023: Cuando el Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP, Just Transition Work Program, por sus siglas en inglés) se estableció en la COP27 de Sharm el Sheik y luego se adoptó formalmente en la COP28 en Bakú. Su función inicial fue crear espacios de diálogo y mesas redondas para definir qué significa una transición equitativa.
Hasta la fecha, el programa funcionó principalmente como un foro de discusión, limitado por las tensiones entre los países desarrollados (enfocados en la descarbonización energética) y los del Sur Global, que exigen equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas.
En la COP30 de Belém do Pará, la propuesta de un Mecanismo de Acción de Belém (BAM, Belem Action Mechanism, por sus siglas en inglés) buscó establecer una estructura permanente que coordine la cooperación técnica y financiera, asegurando que la transición no dependa del voluntarismo político de turno.
Para los trabajadores y sindicatos de Argentina y de América Latina, la transición justa no es un concepto abstracto, sino una cuestión de supervivencia laboral y económica. Para la región, el BAM como nuevo mecanismo debe garantizar que el financiamiento sea público y concesional, evitando que la transición energética aumente la deuda externa de los países del sur global o profundice modelos extractivos.
Obstáculos para una Transición Justa
A pesar de los avances en Belém, persisten obstáculos críticos para las próximas cumbres:
Brecha de Financiamiento: Aunque se creó el mecanismo, no hay compromisos firmes de fondos públicos por parte de los países desarrollados, lo que pone en riesgo su implementación real. Siendo esencial un aumento del financiamiento climático para que los países del Sur Global puedan lograr una Transición Justa.
Omisión de Fósiles: La falta de un lenguaje explícito sobre la eliminación de combustibles fósiles en los textos finales deja un vacío en la planificación de la transición.
Operacionalización: La definición de las salvaguardas y el funcionamiento pleno del BAM se pospusieron para las COP31 y COP32.
En este contexto, la Confederación Sindical Internacional (CSI), en nombre del grupo observador de organizaciones no gubernamentales sindicales llamado (TUNGO), enfatizó los elementos clave que deberían reflejarse en todas las iniciativas relacionadas con la Transición Justa en la CMNUCC, en línea con las normas fundamentales y principios rectores de la OIT, particularmente respecto al Mecanismo de Transición Justa decidido en la COP30.
Las 5 directrices de la Transición Justa
La Transición Justa, tal como la definen las Directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe ser el núcleo del nuevo mecanismo.
- Enfoque en el trabajo: Las Partes deben centrarse en el mundo del trabajo, los trabajadores y los sindicatos con el objetivo de alcanzar el trabajo decente y los empleos de calidad.
- Aceptación social: Existe amplia evidencia de que una transición injusta para los trabajadores debilita la aceptación social de la acción climática.
- Papel de la OIT: La OIT es el organismo líder de la ONU en materia de Transición Justa. El trabajo en la CMNUCC debe alinearse con las Directrices de la OIT y complementar, en lugar de duplicar, su labor.
- Diálogo social: El diálogo social (negociación y cooperación entre sindicatos, empleadores y gobiernos) es fundamental. No puede equipararse con la participación general de las partes interesadas; ambos procesos son necesarios pero distintos.
- Universalidad: La Transición Justa se aplica a todos los sectores y a todos los trabajadores (formales e informales).
Políticas climáticas acorde
El mecanismo debe contribuir a integrar políticas de Transición Justa en la formulación de políticas climáticas nacionales y sus funciones principales deberían incluir:
- Coordinación: Identificar brechas en los programas actuales de la CMNUCC, incluyendo el financiamiento, y asegurar la alineación con los principios de la OIT.
- Intercambio de conocimientos: Facilitar el diálogo sobre la implementación de políticas concretas, utilizando ejemplos como la Autoridad de Economía de Reducción Neta a Cero de Australia o la “Comisión del Carbón” de Alemania.
- Asistencia: Brindar apoyo técnico a las Partes para identificar y acceder a financiamiento que no genere deuda y a la transferencia de tecnología.
- Implementación: Integrar las políticas de Transición Justa en todas las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y Planes Nacionales de Adaptación (NAP).
- Gobernanza: El órgano de gobierno del mecanismo debe incluir sindicatos, empleadores, Partes, otros observadores y organismos internacionales pertinentes.
Con respecto al financiamiento climático, a nivel sindical se entiende que debe ser de calidad, es decir no debe aumentar la carga de la deuda de los países receptores y debe llegar a las comunidades impactadas. Y fundamentalmente, debe destinarse a fortalecer la protección social, invertir en industrialización verde, creación de empleos y desarrollo de capacidades.
Con especial énfasis los más vulnerables mujeres, migrantes, entre otros. Esto sólo será posible con un diálogo social efectivo que garantice no sólo la escucha sino que la postura sindical sea priorizada en la toma de decisiones.
