Webinar Acuerdo de Escazú: el plan de implementación sobre defensoras y defensores de los derechos humanos

En el marco del Acuerdo de Escazú, se realizó un webinar donde tres expertos compartieron su perspectiva sobre el plan de acción para la protección de defensoras y defensores de los derechos humanos en América Latina.

Acuerdo de Escazú

El pasado martes 15 de octubre se llevó a cabo el webinar Acuerdo de Escazú en el cual se debatieron los desafíos que enfrenta la comunidad de defensoras y defensores de los derechos humanos en América Latina.

Durante el evento online se debatieron y dieron a conocer diversas estrategias y herramientas para proteger tu trabajo y asegurar un entorno libre de peligro para quienes están defendiendo los derechos humanos. Se habló de los desafíos y avances, poniendo atención a las desigualdades de género en nuestra región.

Importancia de la COP 29

Patricia Madrigal Cordero, Presidenta del Comité de Apoyo para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, destacó la importancia de la COP 29 para establecer un plan de acción regional que reconozca el rol de quienes defienden los derechos humanos.

Para Cordero, el Comité de Apoyo “puede tomar medidas concretas para resguardar la seguridad de estas personas, como emitir resoluciones preliminares, proteger su identidad, recomendar su acceso a sistemas de protección tanto nacionales como internacionales, establecer recomendaciones al Estado para salvaguardar a estos miembros del público en situación de riesgo y  tomar medidas diplomáticas desde la mesa directiva”

Además, subrayó que estas medidas “deben implementarse siempre teniendo en cuenta las condiciones particulares de los afectados, garantizando un enfoque intersectorial, intercultural y de género”.

La participación de la sociedad es central

Por su parte, César Artiga, Representante Electo del Público del Acuerdo de Escazú, en colaboración con las organizaciones, creó un grupo de trabajo para acompañar la preparación del plan de acción y facilitar el diálogo con todos los actores involucrados.

El objetivo fue recoger sus valoraciones y propuestas en el marco del artículo 9, para luego sistematizarlas y presentarlas a la secretaría y al grupo de trabajo, asegurando su inclusión en el proceso de toma de decisiones.

Artiga enfatizó el proceso preparatorio y participativo que se llevó a cabo para la aprobación del plan de acción, destacando que la participación activa de la sociedad es central en el acuerdo.

Se realizaron dos consultas públicas que permitieron recoger y sistematizar propuestas de diversos actores sociales, que luego fueron presentadas en las negociaciones con los gobiernos. Aunque los representantes del público no tienen voto, su voz es clave en las mesas de diálogo, asegurando una participación incidente en las decisiones finales.

Actividades extractivas en la mira

Finalmente Karla Maass, asesora en CAN América Latina, abordó los desafíos y dificultades claves en la protección de defensores, como los conflictos derivados del uso de la tierra y los recursos naturales, muchas veces ligados a actividades extractivas.

Remarcó la importancia de reconocer formalmente los derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas y fortalecer la institucionalidad pública para responder de manera efectiva ante estos conflictos.

“Los planes de ordenamiento territorial son claves para evitar el conflicto de uso de la tierra, las comunidades tienen que saber cuales son los proyectos que se plantean en sus territorios y actual en consonancia”, señaló y propuso: “implementar políticas de gobernanza participativa, capacitaciones constantes y descentralización en las instituciones públicas, en donde las comunidades locales sean actores fundamentales en la toma de decisiones.”

Agradecimientos:

Queremos agradecer la participación y colaboración de las siguientes organizaciones que hicieron posible este espacio de diálogo: Sustentabilidad Sin Fronteras, Plataforma Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, Plurales, OXFAM, CANLA y Suecia Sverige.

El compromiso de todas estas organizaciones con la protección de los derechos humanos en la región es fundamental para seguir avanzando en la implementación del Acuerdo de Escazú.