El 25 de marzo de 2026 quedará marcado en la historia ambiental argentina. La Cámara de Diputados de la Nación abrió las audiencias públicas por la reforma de la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), y lo que ocurrió en el Anexo C del Congreso fue mucho más que un debate legislativo: fue una demostración masiva de que la sociedad argentina no está dispuesta a entregar sus reservas de agua dulce a las mineras.
Más de 120.000 personas se inscribieron para participar. El oficialismo de La Libertad Avanza habilitó solo 360 expositores en dos jornadas. El 88% de quienes pudieron hablar rechazó la reforma. Y afuera del Congreso, Organizaciones no gubernamentales, ambientalistas y miembros de la sociedad civil se movilizaron contra los cambios que introdujo el Senado.
Esto es lo que pasó, con datos, sin filtro.
Una audiencia pública sin precedentes y con participación récord cercenada
La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares se realizó el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 de manera virtual, entre las 10 y las 19 horas, en la Sala 2 del Anexo C de la Cámara de Diputados, en Av. Rivadavia 1841, Buenos Aires.
La convocatoria fue histórica. Nunca antes una audiencia pública en Argentina había recibido semejante cantidad de inscriptos. Según distintas fuentes periodísticas, el número superó las 120.000 personas, entre científicos, ambientalistas, vecinos, representantes de pueblos originarios, ex legisladores y ciudadanos de todas las provincias.
El problema fue lo que vino después: el oficialismo, a cargo de los libertarios Nicolás Mayoraz (presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y José Peluc (presidente de Recursos Naturales), diseñó un formato que habilitó apenas 360 expositores para hablar en vivo —presencial o por Zoom—. El resto debía subir un video de hasta 5 minutos al canal de YouTube de Diputados o enviar un escrito.
“Lo de ayer no fue una audiencia pública, sino una puesta en escena vaciada de transparencia, seriedad y legitimidad. Desde el comienzo estuvo atravesada por irregularidades inadmisibles para una instancia que debía garantizar participación ciudadana real. No se permitió el ingreso al Congreso, no se comunicó la lista de oradores, se incorporaron expositores que no se habían inscripto y se silenció el micrófono cuando algunas intervenciones incomodaban a la presidencia de la comisión”, señaló Mariano Villares, cofundador y presidente de Sustentabilidad Sin Fronteras.
“A eso se suma un dato gravísimo. En una audiencia con más de 100 mil personas inscriptas, en el primer día pudieron hablar menos de 100, sin que se explicara de forma clara y pública cuál fue el criterio de selección”, continúa Villares.
“Lo ocurrido no solo empaña el procedimiento, sino que expone una forma de conducir el debate que restringe la participación, erosiona la confianza pública y compromete seriamente la credibilidad de todo el proceso. En esas condiciones, tampoco se cumplió con los estándares de participación, acceso a la información y transparencia que establece el Acuerdo de Escazú, lo que no solo agrava la ilegitimidad de lo ocurrido, sino que además abre la puerta a una eventual judicialización del proceso”, concluyó Vilares.
La polémica del formato: ¿audiencia pública o simulacro?
Desde el primer momento, el formato fue cuestionado con dureza. Organizaciones como Greenpeace Argentina, FARN, la Red Universitaria por la Crisis Climática y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron medidas cautelares ante la Justicia para exigir la ampliación de la participación. Todas fueron rechazadas.
La oposición tampoco se quedó quieta. Un grupo de diputados encabezado por Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán y otros legisladores presentó una impugnación formal al inicio de la audiencia, argumentando que el mecanismo viola el reglamento de la Cámara, el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú —tratado con jerarquía superior a las leyes que garantiza la participación pública en decisiones ambientales.
El referente peronista Marcos Cleri fue contundente: “Esta audiencia pública es más una farsa para tener una pantalla legal que proteja de posibles procesos judiciales a la modificación de esta ley”. En la misma línea, la secretaria de Ambiente de La Pampa, Marina Basso, recordó que el 70% de la población pampeana depende del río Colorado, que nace en glaciares cordilleranos: “Los ríos no reconocen límites políticos, por eso existen los presupuestos mínimos”.
Hubo más tensiones adentro: al comenzar la jornada, agentes de seguridad privada impidieron el ingreso de expositores habilitados. Diputados de la oposición debieron intervenir personalmente para desbloquear el acceso. Los tiempos de exposición, que el plenario había fijado en 5 minutos, fueron reducidos a 4 sin previo aviso.
Los números hablan solos: el 88% rechazó la reforma
A pesar de las trabas, la primera jornada se extendió por casi 12 horas. De los 196 habilitados para exponer ese miércoles, participaron 95. El resultado fue elocuente: 84 expositores (el 88,42%) rechazaron la reforma.
Los únicos argumentos a favor provinieron, casi en su totalidad, de representantes de la provincia de San Juan: funcionarios provinciales, abogados ligados a empresas mineras y representantes de cámaras empresariales del sector. El ministro de Producción sanjuanino fue abucheado durante parte de su exposición.
Entre las voces más destacadas en contra figuraron el abogado ambientalista Enrique Viale, quien nombró a las multinacionales beneficiadas —Vicuña, Barrick Gold y Glencore— y anunció que denunciaría a una senadora por incompatibilidad y vínculos con Rio Tinto. También expuso Andrés Napoli, director de FARN, quien advirtió que “si se aprueba la reforma, no va a haber más presupuestos mínimos y mucho menos uniformidad porque las provincias van a establecer lo que les parezca”. Y la exdiputada Marta Maffei, una de las autoras de la ley vigente, recordó que su redacción original llevó un año de trabajo con académicos, comunidades y especialistas: “La reforma tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”.
También tomaron la palabra representantes de pueblos originarios —comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca—, quienes denunciaron que el agua es central para su supervivencia cultural y que sus comunidades no fueron debidamente consultadas.
¿Qué se debate en el fondo?
La reforma impulsada por el Gobierno —aprobada ya por el Senado el 26 de febrero de 2026— propone cambios que, en la práctica, reducen drásticamente la protección glaciar:
Reemplaza “ambiente periglacial” por “geoforma periglacial”, achicando el área protegida. Le otorga a las provincias la potestad de decidir qué glaciares merecen protección y en cuáles se pueden habilitar actividades mineras. Permite que las provincias ordenen al IANIGLA eliminar cuerpos de hielo del Inventario Nacional de Glaciares sin respaldo científico exigido. Convierte la evaluación de impacto ambiental estratégica en una herramienta opcional, no obligatoria.
Los beneficiarios directos son proyectos mineros que hoy están frenados por la ley: Los Azules, El Pachón y Josemaría, entre otros, con inversiones que el sector estima en más de 30.000 millones de dólares.
¿Qué viene ahora?
El cronograma del oficialismo es agresivo. Según trascendió, la intención es dictaminar la norma la semana siguiente a la audiencia y llevarla al recinto para su aprobación definitiva el 8 de abril de 2026.
La oposición ya anticipó que la ley, de aprobarse, será judicializada de inmediato. Existe además una propuesta de diputados del peronismo para convocar una consulta popular vinculante con la pregunta: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”.
La batalla no terminó en las audiencias. Apenas empieza.
Audiencia por la Ley de Glaciares: el pueblo ya habló
120.000 personas intentaron inscribirse. Miles marcharon en la calle. El 88% de quienes pudieron hablar dijeron no. Los científicos del IANIGLA dijeron no. Las organizaciones ambientales dijeron no. Los pueblos originarios dijeron no. Las provincias que dependen del agua de esos ríos dijeron no.
La pregunta que queda flotando es simple: ¿para qué sirve una audiencia pública si los que tienen que escuchar ya tienen el resultado decidido?
Los glaciares no votan. Pero nosotros sí. Y el 8 de abril, los diputados deberán elegir de qué lado de la historia van a estar.
Sin glaciares, no hay agua. Sin agua, no hay vida. La Ley de Glaciares no se toca.