El financiamiento climático se ha consolidado como uno de los pilares centrales de la agenda internacional frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, para América Latina y el Caribe, el debate no se limita al volumen de recursos disponibles, sino que abarca también las condiciones de acceso, la calidad de los instrumentos financieros y las implicancias macroeconómicas asociadas. En una región caracterizada por alta vulnerabilidad climática, profundas desigualdades sociales y restricciones fiscales persistentes, el modo en que se estructura el financiamiento puede contribuir tanto a habilitar, o por el contrario, obstaculizar una transición justa y resiliente. Por Alan Senra Cheib y Orlando Barbosa Mejía.
En este contexto, el análisis del acceso efectivo a los recursos, las condiciones financieras predominantes y los desafíos estructurales vinculados a la reforma de la arquitectura financiera internacional resulta indispensable. Este texto examina estos tres ejes, incorporando hallazgos recientes sobre acceso directo a nivel comunitario, los debates globales sobre deuda y reforma financiera, y la evidencia generada por el Índice de Finanzas Sostenibles de GFLAC sobre la orientación real de los flujos financieros en la región.
1. Acceso: entre la promesa del financiamiento directo y las barreras estructurales
En los últimos años, el concepto de “acceso directo” ha ganado centralidad en las negociaciones climáticas, particularmente en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La idea subyacente es que comunidades locales, gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil puedan acceder directamente a recursos internacionales sin depender exclusivamente de intermediarios multilaterales o agencias nacionales.
Sin embargo, investigaciones recientes de GFLAC relevan una realidad más compleja. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil enfrentan serias dificultades para acceder a la totalidad de los recursos comprometidos. Muchas de ellas no cuentan con personalidad jurídica formal o con la estructura administrativa exigida por los fondos internacionales, lo que las obliga a operar a través de entidades intermediarias.
Los datos muestran que, de los recursos que salen de las fuentes emisoras internacionales, entre un 51,7% y un 70% efectivamente llega a las comunidades locales. Si bien esta proporción evidencia filtraciones y costos administrativos relevantes, también invita a matizar el debate: no todo intermediario constituye necesariamente un obstáculo. En numerosos casos, sin estructuras intermedias, ya sean organizaciones de sociedad civil, agencias acreditadas o entidades multilaterales, los recursos no alcanzarían territorios remotos o poblaciones altamente vulnerables.
El desafío, por tanto, no radica exclusivamente en eliminar intermediarios, sino en transparentar costos, fortalecer capacidades locales y asegurar que la mayor proporción posible de los fondos llegue efectivamente a quienes implementan las acciones en el territorio.
Otro hallazgo clave del estudio se vincula con la dimensión geográfica. En varias comunidades rurales o amazónicas, más del 50% de los recursos disponibles se destina a logística de transporte, desplazamiento y conectividad. Estos costos, muchas veces informales y no contemplados adecuadamente en los diseños financieros, reducen drásticamente el monto disponible para actividades sustantivas de mitigación o adaptación. En este sentido, se ha sugerido la necesidad de separar explícitamente los recursos logísticos de los costos de gestión del proyecto, permitiendo una asignación más realista y transparente. Sin este ajuste, el financiamiento corre el riesgo de subestimar los costos reales de implementación en territorios de difícil acceso.
El acceso también presenta desequilibrios a escala regional. América Latina exhibe una marcada concentración de recursos en ciertos biomas, especialmente la región amazónica, que recibe una proporción significativa de financiamiento debido a su relevancia global y visibilidad internacional. Si bien esta prioridad es comprensible, otros biomas estratégicos y complementares de América Latina permanecen subfinanciados pese a su importancia ecológica y social. Este desbalance territorial refleja dinámicas de “fama climática” más que criterios integrales de planificación ecosistémica. Corregirlo exige enfoques de asignación basados en vulnerabilidad, contribución ecosistémica y necesidades locales.
2. Condiciones financieras: deuda, condicionalidad y reforma de la arquitectura global
Más allá del acceso, las condiciones bajo las cuales se otorga el financiamiento climático constituyen uno de los principales desafíos para la región. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, los países desarrollados se comprometieron a proveer financiamiento nuevo y adicional a los países en desarrollo. No obstante, una parte sustantiva de los flujos continúa canalizándose en forma de préstamos, incluso no concesionales.
Esta tendencia se inserta en un contexto global marcado por elevados niveles de endeudamiento y restricciones fiscales crecientes. El debate sobre la reforma de la arquitectura financiera internacional, que involucra al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a los bancos multilaterales de desarrollo, ha cobrado fuerza precisamente por la necesidad de alinear deuda, clima y desarrollo sostenible.
Para América Latina, el riesgo es claro: financiar la transición climática mediante instrumentos que incrementan el endeudamiento puede erosionar el espacio fiscal necesario para políticas sociales, adaptación y resiliencia. La creciente utilización de mecanismos como préstamos climáticos, garantías o instrumentos de movilización de capital privado puede trasladar riesgos al sector público si no se diseñan con salvaguardas adecuadas.
Las discusiones en el G20 y las propuestas como la Iniciativa Bridgetown han planteado la necesidad de ampliar liquidez, reformar mecanismos de reestructuración de deuda e incorporar cláusulas de desastre climático en bonos soberanos. No obstante, los avances concretos han sido graduales y, en muchos casos, insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Un elemento central en este debate es la calidad del financiamiento. No basta con aumentar los montos; es imprescindible priorizar donaciones, instrumentos concesionales y alivio efectivo de deuda. Asimismo, resulta fundamental incorporar los costos de implementación de las NDCs y de las estrategias nacionales de biodiversidad y de adaptación en los análisis de sostenibilidad de deuda, reconociéndolos como inversiones de reducción de riesgo y no como gasto discrecional.
3. Desafíos estructurales: coherencia financiera y transición real
Un desafío adicional radica en la falta de coherencia sistémica entre los compromisos climáticos y la estructura real de las finanzas públicas. Mientras los países de América Latina y el Caribe negocian mayores recursos de financiamiento climático a nivel internacional, a nivel nacional continúan destinando una proporción significativa de recursos públicos a actividades intensivas en carbono.
Desde 2020, cuando se publicó la primera edición con datos correspondientes a 2019, el GFLAC implementa el Índice de Finanzas Sostenibles (IFS), una herramienta actualizada de manera anual. El objetivo del índice es monitorear la composición de los ingresos y egresos públicos, así como el financiamiento internacional, vinculados al cambio climático y al desarrollo sostenible. Asimismo, el índice permite identificar aquellos recursos que continúan destinándose a actividades que obstaculizan la transición hacia economías bajas en carbono y resilientes.
El IFS se aplica a los 20 países con mayores emisiones de la región y se calcula a partir de cuatro variables que integran distintos componentes de las finanzas públicas nacionales e internacionales. A través de este enfoque, el índice permite analizar la orientación estructural de los flujos financieros y evaluar en qué medida los países están avanzando hacia una mayor alineación entre sus compromisos climáticos y sus decisiones fiscales.
Los resultados de la edición más reciente, correspondiente al IFS 2025, muestra que los países de estudio registran avances moderados, aunque todavía insuficientes, en la reorientación de sus finanzas públicas hacia objetivos climáticos y ambientales. Si bien algunos países representan señales positivas en la movilización y asignación de recursos hacia sectores sostenibles, la región continúa caracterizándose por una marcada dependencia de actividades intensivas en carbono. Esta situación no solo limita la capacidad de los países de avanzar hacia economías bajas en emisiones y resilientes al clima, sino que también incrementa su exposición a riesgos macroeconómicos asociados a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
A nivel regional, el IFS 2025 evidencia una asimetría estructural persistente en los flujos financieros públicos. Los ingresos intensivos en carbono superan en 11 veces a los ingresos sostenibles, mientras que los presupuestos destinados a sectores intensivos en carbono son 5 veces mayores a aquellos orientados a actividades sostenibles. En términos absolutos, los 20 países analizados generaron aproximadamente 199,5 mil millones de dólares en ingresos provenientes de actividades extractivas, frente a 17,9 mil millones de dólares provenientes de fuentes sostenibles. En materia de gasto público, los gobiernos destinaron 71,3 mil millones de dólares a sectores intensivos en carbono, en comparación con 13,1 mil millones de dólares asignados a actividades sostenibles.
Con el objetivo de ampliar este análisis hacia las dinámicas territoriales de las finanzas públicas, el GFLAC también desarrolló el Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional (IFSS), aplicado inicialmente en Brasil y México. Esta herramienta busca monitorear y evaluar la asignación y el uso de los recursos financieros a nivel subnacional, permitiendo identificar en qué medida los gobiernos estatales están alineando sus presupuestos, ingresos y decisiones de inversión con los objetivos ambientales.
En conjunto, estos resultados evidencian una tendencia consistente: América Latina continúa destinando más recursos a actividades vinculadas con combustibles fósiles que a la sostenibilidad ambiental. Esta brecha indica que el desafío no se limita al acceso al financiamiento internacional, sino que también responde a prioridades fiscales y económicas a nivel nacional. Avanzar hacia la alineación del Artículo 2.1.c del Acuerdo de París, que llama a orientar los flujos financieros hacia trayectorias bajas en emisiones y resilientes, requiere reformas estructurales en los sistemas fiscales, la eliminación progresiva de subsidios perjudiciales para el ambiente y el fortalecimiento de marcos regulatorios que promuevan inversiones sostenibles.
Asimismo, en el ámbito de biodiversidad, el Marco Mundial de Kunming-Montreal establece metas ambiciosas de movilización financiera. Sin embargo, la región enfrenta el riesgo de avanzar hacia esquemas de mercantilización de la naturaleza sin salvaguardas adecuadas para comunidades locales y Pueblos Indígenas. En este escenario, resulta fundamental la coherencia entre planificación climática (NDCs), estrategias de biodiversidad, política fiscal y negociación internacional se vuelve un imperativo estratégico.
Conclusión
El financiamiento climático para América Latina y el Caribe no puede evaluarse únicamente en términos de volumen. El acceso efectivo, las condiciones financieras predominantes y la coherencia estructural del sistema determinan si los recursos contribuyen a una transición justa o profundizan vulnerabilidades existentes. La evidencia muestra que las comunidades locales enfrentan barreras significativas de acceso, que los recursos se concentran territorialmente de manera desigual y que una parte sustancial del financiamiento continúa canalizándose en forma de deuda. Al mismo tiempo, los flujos financieros internos de la región siguen favoreciendo actividades intensivas en carbono.
Avanzar hacia un sistema más justo requiere fortalecer capacidades a nivel local, mejorar la transparencia en intermediación financiera, priorizar donaciones y financiamiento concesional, y acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional. Solo así el financiamiento climático podrá convertirse en una herramienta efectiva para cerrar brechas sociales, proteger la biodiversidad y garantizar una transición resiliente y equitativa en América Latina.
Citas y referencias (APA)
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Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC). (2025). Índice de Finanzas Sostenibles Subnacional 2025 (con datos a 2024). Del presupuesto a la acción: Retos y oportunidades para las finanzas públicas sostenibles en México. https://www.finanzasclimaticasmx.com/_files/ugd/32948d_04adb394330345c29fd717485c7527a5.pdf
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