Las políticas públicas frente al cambio climático ya no se centran únicamente en las amenazas físicas –inundaciones, sequías, olas de calor– ni consideran los desastres como el resultado directo de “eventos naturales”, sino el resultado de la interacción entre amenazas, exposición y vulnerabilidad social. Por Regina Ruete.
Gracias a una extensa trayectoria téorica y práctica –particularmente desde la Teoría Social del Riesgo y su incidencia en la gestión de riesgos de desastre en América Latina– se demostró que los desastres no son “naturales”, sino el resultado de la interacción entre amenazas, exposición y vulnerabilidad social.
Es decir, no es el evento en sí el que produce el desastre, sino las condiciones sociales, económicas y territoriales que determinan quiénes están más expuestos, con qué recursos cuentan y qué capacidad tienen para responder y recuperarse.
En este marco, la vulnerabilidad social ocupa un lugar central. No se trata de una característica individual o circunstancial, sino de una condición estructural que refleja desigualdades históricas –en ingresos, acceso a servicios, condiciones habitacionales o redes de cuidado– y que se expresa territorialmente en gradientes de mayor o menor riesgo. Por eso, una misma amenaza puede tener impactos profundamente desiguales según el contexto social en el que ocurre.
Este enfoque permite comprender que el riesgo ambiental es, en última instancia, el resultado de procesos socioeconómicos históricos que condicionan las capacidades de las personas para afrontar eventos de desastre.
En este sentido, para comprender en profundidad los efectos del cambio climático y diseñar políticas públicas más pertinentes, resulta clave incorporar variables como el género y la edad, ya que permiten identificar cómo se configura la vulnerabilidad en cada territorio.
Las desigualdades de género, las condiciones específicas de niñas, niños y adolescentes, y su intersección con factores socioeconómicos y territoriales, son determinantes clave del riesgo y, por lo tanto, deben ser consideradas en el diseño de las políticas climáticas.
Desde esta perspectiva, integrar la perspectiva de género y la sensibilidad hacia la niñez y adolescencia constituye un imperativo de justicia ambiental y permite mejorar la comprensión del riesgo, orientando el diseño de políticas públicas más ajustadas a las realidades territoriales.
Las intervenciones que reconocen estas desigualdades estructurales identifican con mayor precisión a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, visibilizan dinámicas que suelen quedar fuera del análisis y orientan las acciones hacia los factores que configuran el riesgo. A su vez, este reconocimiento habilita su fortalecimiento y participación activa, evitando que estos grupos queden restringidos al diagnóstico y promoviendo su involucramiento a lo largo de todo el ciclo de la política pública.
Género, niñez y adolescencia en el análisis del riesgo climático
Incorporar la perspectiva de género y la sensibilidad hacia la niñez en el análisis del riesgo climático implica reconocer que estas dimensiones no constituyen variables accesorias, sino factores estructurantes de la vulnerabilidad.
Las desigualdades en el acceso a recursos, la distribución del trabajo de cuidados, las condiciones habitacionales y la inserción territorial configuran exposiciones diferenciales frente a los eventos climáticos.
Avanzar hacia diagnósticos más precisos requiere, por lo tanto, superar enfoques agregados que tienden a homogeneizar a la población e incorporar información desagregada por sexo y edad, junto con variables socioeconómicas y territoriales.
Herramientas como los índices de vulnerabilidad social –como el desarrollado por el Instituto Geográfico Nacional– permiten integrar estas dimensiones y construir una lectura más compleja del riesgo, identificando no solo dónde se concentran las amenazas, sino quiénes están más expuestos y por qué.
Asimismo, resulta clave considerar la escala de análisis. Los procesos que configuran el riesgo se expresan de manera distinta a nivel barrial, municipal o nacional, y cada escala requiere herramientas específicas. Mientras los análisis agregados permiten identificar patrones generales, los diagnósticos locales hacen visibles las condiciones concretas de vida, las redes de cuidado y las dinámicas territoriales. La combinación de metodologías a distintas escalas permite construir diagnósticos más integrales.
Finalmente, Integrar estas dimensiones implica reconocer tanto vulnerabilidades específicas como capacidades y experiencias propias, incorporando sus perspectivas para orientar políticas más pertinentes.
Del diagnóstico a la participación: integrar género y niñez en la política climática
La integración de la perspectiva de género y la sensibilidad hacia la niñez en el análisis del riesgo constituye un primer paso, pero resulta insuficiente si no se traduce en transformaciones concretas en el diseño e implementación de las políticas públicas. Con frecuencia, estas dimensiones quedan restringidas a los diagnósticos, sin incidir de manera sustantiva en las decisiones, los instrumentos o la asignación de recursos.
Avanzar en su integración supone incorporarlas de manera sistemática a lo largo de todo el ciclo de la política pública climática. Esto requiere diseñar intervenciones que reconozcan condiciones diferenciadas de exposición, incluyendo la organización del cuidado, el acceso a la información y las capacidades de respuesta.
Asimismo, requiere adaptar los instrumentos de gestión –como los sistemas de alerta temprana, los protocolos de actuación o las estrategias de comunicación– para que resulten accesibles y pertinentes para distintos grupos poblacionales.
En este proceso, la participación adquiere un rol central. Mujeres, niñas, niños y adolescentes no solo son poblaciones afectadas, sino también actores clave en la construcción de respuestas frente al cambio climático. Promover su involucramiento en instancias de diagnóstico, planificación e implementación permite incorporar conocimientos situados, fortalecer capacidades locales y generar mayor apropiación de las políticas.
Finalmente, integrar estos enfoques implica también fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos, así como articular con organizaciones comunitarias y redes territoriales. Este tipo de abordaje mejora la calidad de las intervenciones y contribuye a construir formas de gobernanza más inclusivas y sostenibles frente a los desafíos climáticos.
Experiencias territoriales en Argentina
1. Políticas locales con enfoque en niñez: el caso MUNA
En Argentina, la iniciativa “Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia (MUNA)”, impulsada por UNICEF, acompaña a gobiernos locales en la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en sus políticas públicas, incluyendo la agenda ambiental y climática.
En este marco, municipios como Montecarlo (Misiones) y La Carlota (Córdoba) han desarrollado diagnósticos territoriales que integran dimensiones ambientales y sociales, permitiendo identificar con mayor precisión las condiciones de vulnerabilidad. A partir de estos procesos, se impulsaron intervenciones que combinan mejoras en el acceso al hábitat y a servicios básicos con acciones de educación ambiental y fortalecimiento comunitario, articulando dimensiones que suelen abordarse de manera fragmentada.
Estas experiencias muestran que incorporar la perspectiva de la niñez en la política climática permite no solo visibilizar condiciones específicas de vulnerabilidad, sino también fortalecer el vínculo entre políticas públicas y territorio, integrando a niñas y niños en los procesos de diagnóstico y acción.
2. Liderazgo de mujeres y resiliencia climática: Miraflores (Chaco)
El proyecto “Mujeres indígenas y agroforestería en el Gran Chaco”, implementado en Miraflores (Chaco) con apoyo de ONU Mujeres, constituye un ejemplo relevante de cómo la incorporación de la perspectiva de género puede fortalecer las estrategias de adaptación climática desde el territorio.
En un contexto caracterizado por condiciones socioeconómicas adversas y alta exposición a eventos climáticos, el proyecto se orientó a fortalecer las capacidades productivas y organizativas de mujeres indígenas artesanas a través de la implementación de sistemas agroforestales. Se desarrollaron instancias de formación en prácticas agroecológicas, manejo de cultivos y estrategias de comercialización, al tiempo que se promovió el fortalecimiento de la organización comunitaria y el acceso a herramientas para la gestión y comunicación.
Más allá de los resultados productivos, la experiencia favoreció la diversificación de medios de vida, la mejora en la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres. Asimismo, se consolidaron espacios de participación y toma de decisiones colectivas, que resultan fundamentales para sostener respuestas frente a contextos de creciente variabilidad climática.
Este caso evidencia que la incorporación de la perspectiva de género en las políticas climáticas no se limita a reconocer desigualdades, sino que implica generar condiciones para el fortalecimiento de actores territoriales clave. El liderazgo de las mujeres en estos procesos contribuye a reducir brechas estructurales y a ampliar las capacidades de las comunidades para adaptarse a los impactos del cambio climático.
Lineamientos para la política climática
A partir de los enfoques y experiencias presentadas, es posible identificar algunos lineamientos clave para integrar la perspectiva de género y la sensibilidad hacia la niñez en las políticas climáticas.
Es fundamental fortalecer la producción y el uso de información desagregada por sexo y edad, incorporando variables socioeconómicas y territoriales que permitan identificar desigualdades en la exposición y la capacidad de respuesta.
Asimismo, resulta clave promover diagnósticos territoriales que combinen distintas escalas y metodologías, articulando datos cuantitativos con instancias participativas para comprender las dinámicas locales.
La integración de estos enfoques requiere incorporar de manera sistemática la participación de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas, mediante espacios accesibles y el fortalecimiento de capacidades locales.
Por otra parte, es necesario articular las políticas climáticas con aquellas vinculadas al acceso a la vivienda, el agua, el saneamiento, la salud y los cuidados, ya que allí se configuran las condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, resulta central fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos, incluyendo formación técnica, recursos específicos y herramientas de monitoreo con enfoque diferencial.
Conclusión: repensar el riesgo desde la justicia climática
El cambio climático no impacta sobre sociedades homogéneas, sino sobre territorios atravesados por desigualdades estructurales que condicionan la exposición, la capacidad de respuesta y las posibilidades de recuperación frente a los eventos extremos. En este contexto, las políticas públicas que no incorporan estas dimensiones corren el riesgo de reproducir o incluso profundizar las desigualdades existentes.
En este sentido, avanzar hacia políticas climáticas más justas supone reconocer que las condiciones que configuran la vulnerabilidad son el resultado de procesos históricos y decisiones políticas. Abordarlas requiere articular las agendas climáticas con las sociales, territoriales y de cuidados, así como promover formas de gobernanza que integren a quienes históricamente han sido excluidos de los espacios de decisión.
Abordar el cambio climático desde esta perspectiva implica intervenir sobre las desigualdades que configuran el riesgo, y no solo sobre los eventos que lo desencadenan. En un contexto de crisis climática creciente, este enfoque se vuelve central para orientar políticas públicas más justas y sostenibles.
