En diciembre de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Glaciares (Ley N° 26.639), la norma que desde 2010 protege los glaciares y el ambiente periglacial argentino como reservas estratégicas de agua dulce. El proyecto se presenta como una simple “aclaración interpretativa”. No lo es. Es una derogación encubierta. Es la llave maestra para abrir proyectos mineros que hoy la ley impide. Y de aprobarse, sus consecuencias serán irreversibles. Acá te explicamos, sin eufemismos y con argumentos sólidos, por qué esta reforma no puede prosperar.
¿Qué es la Ley de Glaciares y por qué existe?
La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 tras un amplio consenso social y con el respaldo de la comunidad científica argentina. Su objetivo es claro: proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, fuentes de agua para consumo humano, agricultura, biodiversidad y regulación climática.
No surgió de la nada. El Congreso la impulsó porque entendió algo fundamental: los glaciares no son piedras ni terreno vacío. Son agua. Agua congelada, acumulada durante siglos, que se derrite gradualmente y alimenta los ríos que llegan a nuestras ciudades, campos y provincias. Sin glaciares, sin agua. Sin agua, sin vida.
Argentina es uno de los países con mayor riqueza glaciar del mundo. Existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan más de 8.400 km² a lo largo de 5.000 km de cordillera, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, en 12 provincias y 36 cuencas hídricas. Esos glaciares y el ambiente periglacial sostienen el acceso al agua de 7 millones de personas, el 18% de la población argentina.
La ley no prohíbe la minería en todo el país. Prohíbe la minería donde hay hielo. Eso es todo. Un límite preciso, científico, razonable. Un límite que el sector minero lleva años intentando borrar.
El proyecto que se disfraza de “interpretación”
El Gobierno lo llama proyecto de ley interpretativo. Pero una ley interpretativa existe para aclarar conceptos oscuros o contradictorios. La Ley de Glaciares no tiene conceptos oscuros ni contradictorios. Es clara como el agua que protege.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió sobre esto en 2019, en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional”. El máximo tribunal fue contundente: la Ley de Glaciares es constitucional, el Congreso tiene plena facultad para fijar presupuestos mínimos ambientales y la norma no vulnera el federalismo, sino que lo ordena.
Las empresas mineras intentaron durante años que la Ley de Glaciares no se aplicara. Llegaron hasta la Corte Suprema. Y perdieron.
Ahora el intento llega por otra vía: un proyecto de ley que, en lugar de modificar abiertamente la norma, se presenta como “interpretación” para que sus efectos se retrotraigan al año 2010. Si se aprueba, sería como si la Ley de Glaciares nunca hubiera existido. Tabula rasa. Quince años de protección ambiental, borrados de un plumazo.
Y no es una hipótesis. Los propios fundamentos del proyecto reconocen que fue redactado a pedido de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (sumando Mendoza y San Juan). Los beneficiarios directos son proyectos mineros como Los Azules, El Pachón y Josemaría, que hoy están frenados precisamente por la Ley de Glaciares.
Los cinco pilares del rechazo
1. Es inconstitucional
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el derecho a un ambiente sano y le encarga al Congreso Nacional fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental. El proyecto de ley traslada esa facultad a las provincias, permitiéndoles decidir qué glaciares proteger y cuáles no, según criterios de “conveniencia política”.
Esto destruye el sistema de federalismo de concertación que rige nuestra Constitución y lo reemplaza por un federalismo de fragmentación donde cada provincia hace lo que quiere con un bien que pertenece a todos los argentinos.
El constitucionalista Daniel Sabsay lo señaló sin rodeos: estamos ante una inconstitucionalidad manifiesta.
2. Vacía de contenido al IANIGLA y la ciencia
El Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), dependiente del CONICET, lleva décadas estudiando los glaciares argentinos con rigor científico reconocido internacionalmente. Su Inventario Nacional de Glaciares, publicado en 2018, es la base técnica sobre la que descansa toda la protección legal.
El proyecto de ley propone que las provincias puedan ordenarle al IANIGLA eliminar glaciares del inventario si consideran que no cumplen funciones hídricas relevantes, sin necesidad de justificación científica. El propio director del IANIGLA, Pablo Villagra, advirtió ante el Senado en diciembre de 2025 que esto implica pérdida de autonomía técnica, ausencia de criterios científicos y la destrucción de la uniformidad nacional en la protección hídrica.
Cuando un gobierno le dice a la ciencia “tu trabajo solo vale si nos conviene”, algo muy grave está pasando.
3. Viola el principio de no regresión ambiental
En materia ambiental, el derecho no puede retroceder. Este principio, consagrado en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566, con jerarquía superior a las leyes nacionales), establece que la legislación no puede empeorar el nivel de protección ambiental vigente.
El principio precautorio, también consagrado en la Ley General del Ambiente, dice que ante el riesgo de daño grave o irreversible, la incertidumbre científica no puede ser excusa para no actuar. El proyecto de ley invierte este principio: permite que las provincias desprotegen glaciares simplemente declarando que “no cumplen funciones hídricas”, sin metodología ni respaldo técnico exigido.
Eso no es precaución. Es impunidad ambiental con firma oficial.
4. Ignora completamente el cambio climático
En el año 2024, Argentina presentó ante la ONU su Primer Informe Bienal de Transparencia climática. El informe confirma algo que los glaciólogos ya venían advirtiendo: el retroceso de los glaciares es un proceso en curso e irreversible en muchos casos. En los últimos diez años, la superficie glaciar en los Andes desérticos se redujo un 17% y los manchones de nieve perenne, un 23%.
El mundo entero se mueve hacia una mayor protección de los ecosistemas glaciares. En 2025, la UICN exhortó a los Estados a reforzar la protección jurídica de los glaciares. La Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-7) adoptó una resolución específica sobre preservación de glaciares y la criósfera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció en su Opinión Consultiva 32/2025 el derecho a la ciencia como parte de la respuesta climática.
Mientras el mundo avanza, Argentina propone retroceder. No existe ninguna lógica climática, hídrica ni económica que justifique debilitar hoy la protección de los glaciares.
5. El daño sería irreversible
Un glaciar destruido no se recupera. El hielo que se pierde no vuelve. Las cuencas que se degradan afectan a comunidades que están aguas abajo, a veces en otras provincias, sin haber tenido voz ni voto en la decisión.
El río Colorado, por ejemplo, nace de glaciares cordilleranos y atraviesa Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Una decisión tomada en una provincia afecta a cinco. El ambiente no reconoce fronteras provinciales. El agua tampoco.
Lo que está en juego es el agua de todos
Cuando se habla de “modificar la Ley de Glaciares”, puede sonar abstracto, técnico, lejano. No lo es.
Estamos hablando del agua que toman 7 millones de argentinos; de los ríos que irrigan el campo cuyano y patagónico; de reservas hídricas que serán aún más críticas a medida que el cambio climático avance y las lluvias sean menos previsibles. Estamos hablando de un recurso que, una vez destruido, no tiene reemplazo posible.
Y estamos hablando de un precedente legal peligrosísimo: si el Congreso puede “reinterpretar” una ley ambiental para vaciarla de contenido en beneficio de sectores extractivos, ninguna norma de protección ambiental estará a salvo jamás.
¿Qué podemos hacer?
La defensa de la Ley de Glaciares no es solo tarea de abogados ambientalistas o científicos del CONICET. Es tarea de cada ciudadano que entienda que el agua es un bien común, que el ambiente es un derecho colectivo y que las leyes existen para proteger a las mayorías, no para ser reinterpretadas a medida de las minorías con poder económico.
Informate. Compartí. Exigí a tus representantes que voten en contra de esta reforma. Apoyá a las organizaciones que llevan esta batalla en los tribunales y en las calles.
Los glaciares no hablan. Nosotros sí podemos hablar por ellos.
Sin glaciares, no hay agua. Sin agua, no hay vida. La Ley de Glaciares no se toca.