El actual panorama político argentino ha visto al gobierno nacional desmantelar abruptamente sus políticas ambientales y retirarse de la agenda climática. Con la eliminación de organismos clave y el abandono de compromisos internacionales, se ha generado un preocupante vacío institucional que pone en riesgo años de avances. En este escenario adverso, las provincias y gobiernos locales emergen como actores esenciales, asumiendo un protagonismo sin precedentes para impulsar y sostener las políticas climáticas desde una perspectiva federal y cercana a la ciudadanía. Por Cecilia Nicolini.
“Abordar con éxito el desafío del cambio climático solo se logrará—y se sostendrá—mediante la participación y el compromiso en todos los niveles de toma de decisiones. En particular, las autoridades subnacionales tienen un papel clave que desempeñar al incorporar activamente las consideraciones climáticas en su gestión cotidiana, así como al introducir políticas, normativas y decisiones de inversión favorables al clima en su propio ámbito, actuando como un vínculo directo con la ciudadanía.”
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Introducción: crisis climática nacional vs. acción climática de las provincias argentinas
La crisis climática representa uno de los mayores desafíos globales del siglo XXI, con impactos multidimensionales que afectan de manera desigual a los países, regiones y comunidades. En Argentina, este fenómeno se manifiesta en forma de sequías prolongadas, incendios forestales, inundaciones y olas de calor, profundizando desigualdades estructurales y comprometiendo el desarrollo sostenible. Frente a este escenario crítico, el rol del Estado es clave para articular respuestas integrales, ambiciosas y coordinadas.
Sin embargo, el actual contexto político argentino marcado por un giro radical hacia el desmantelamiento de políticas públicas ambientales, ha significado un preocupante retiro del gobierno nacional de la agenda climática. La eliminación o vaciamiento de organismos clave, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el abandono de compromisos internacionales y el desfinanciamiento de programas vinculados a la transición ecológica, consolidan un vacío institucional que pone en riesgo años de avances en materia de cambio climático.
En este contexto adverso, las provincias y los gobiernos locales emergen como actores fundamentales para sostener e impulsar políticas climáticas desde abajo, tanto por su competencia territorial como por su cercanía a las poblaciones afectadas. Su protagonismo es hoy más necesario que nunca para defender el interés público, sostener compromisos internacionales y construir estrategias de adaptación y mitigación efectivas desde un enfoque federal.
Este documento analiza el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la acción climática en Argentina, releva obstáculos estructurales para su fortalecimiento y plantea una agenda posible para consolidar un federalismo climático resiliente, articulado y ambicioso, incluso en contextos de retracción del Estado nacional.
Argentina en un contexto adverso
La asunción de la extrema derecha al gobierno nacional ha significado la llegada del negacionismo climático a la gestión pública y la paralización de diversas áreas clave. Argentina se retiró de espacios de cooperación internacional clave como la COP29 de Bakú y amenazó con salirse del Acuerdo de París y de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El gobierno de Javier Milei eligió a la agenda climática como uno de sus principales enemigos discursivos. Esto implicó el desfinanciamiento y el recorte de personal en programas esenciales para las provincias -entre ellos la Ley de Bosques y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego- y ha abandonado varias políticas ya en marcha a nivel nacional.
La desidia del gobierno nacional contrasta con la urgencia de enfrentar los desafíos que impone el cambio climático en Argentina. El país ya experimenta efectos devastadores: un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor, fenómenos de lluvias extremas seguidos de sequías prolongadas, el retroceso de los glaciares, inundaciones recurrentes y un marcado incremento en la magnitud y propagación de incendios. Todos estos fenómenos conllevan un impacto económico y social significativo.
La crisis climática agrava los problemas estructurales de un país marcado por la desigualdad, donde amplias franjas de la población viven en condiciones de pobreza y con escasa infraestructura de adaptación. El sector agropecuario -principal fuente de divisas para Argentina- se ve especialmente afectado por la variabilidad climática, lo que dificulta generar los ingresos necesarios para enfrentar el sobreendeudamiento externo. Al mismo tiempo, el alejamiento de los espacios de cooperación internacional priva al país de acceder a financiamiento climático, frenando su capacidad para invertir en adaptación, reducir riesgos y aliviar la presión de la deuda.
Este artículo es parte del Informe Anual 2025 sobre Cambio Climático, solicita el informe en el formulario a pie de página.
Redes de contención: Brasil y Estados Unidos ante el negacionismo
Las provincias y los gobiernos locales tienen jurisdicción sobre áreas clave de política pública relevantes para la transición ecológica, como la planificación del uso del suelo, el desarrollo habitacional, la gestión de residuos, el agua, la energía y el transporte, y por lo tanto desempeñan un papel fundamental en el logro de los objetivos climáticos y ambientales.
En consecuencia, el repliegue de los gobiernos nacionales en materia climática suele ser traumático para las regiones o gobiernos subnacionales, paralizando obras de infraestructura, desfinanciando programas de respuesta a emergencias ambientales o vaciando instituciones rectoras de las políticas públicas. Sin embargo, las experiencias de Brasil y de los Estados Unidos arrojan un visto de esperanza, donde liderazgos políticos audaces combinados con vigorosas sociedades civiles organizadas, pudieron sostener, aun con dificultades, algunas políticas dedicadas a proteger el ambiente.
Durante el primer gobierno de Donald Trump, el gobernador de California Gavin Newsom se erigió como adalid en la lucha contra las políticas anticlimáticas de la Casa Blanca, impulsando políticas climáticas pioneras e innovación, incluyendo alianzas con empresas privadas y acuerdos con otros países, desde China hasta Noruega y Canadá.
En Brasil el esfuerzo partió de la conformación del Consorcio del Nordeste en el año 2019, una iniciativa para contrarrestar las políticas de Jair Bolsonaro durante la pandemia. Lo conformaron 9 gobernadores de diversos colores políticos en una primera instancia para poder salir al mundo a comprar vacunas cuando el gobierno nacional se negaba, y para alertar sobre la deforestación récord que el gobierno nacional estaba llevando adelante. Mientras se producían más de 72.000 incendios en lo que se convirtió en una catástrofe ambiental sin precedentes, Bolsonaro eliminaba la Secretaría de Cambio Climático y Bosques al mismo tiempo que bromeaba «Me solían llamar capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el Amazonas»
Las provincias argentinas en la trinchera de la acción climática
Argentina es un país federal donde las jurisdicciones subnacionales cuentan con amplias facultades que resultan fundamentales para impulsar esta agenda. Son la primera línea de respuesta ante desastres ambientales y, por su cercanía a los territorios, tienen la capacidad de diseñar soluciones adaptadas a cada comunidad. Además, gestionan sectores clave para la descarbonización y la resiliencia climática, como la administración de recursos naturales, la planificación urbana, la energía, los residuos y el transporte.
A pesar del creciente reconocimiento internacional de las regiones y ciudades como actores clave en la descarbonización de la economía global, la verdadera magnitud y naturaleza de su rol financiero sigue siendo poco comprendida (y financiada). Según el PNUD, entre el 50 y el 80% de las políticas de adaptación y mitigación son implementadas a nivel local, y sin embargo solo reciben de manera directa el 10% del financiamiento disponible. Sumado a ello, existen pocos datos e investigaciones sobre cuánto están gastando e invirtiendo los gobiernos subnacionales en relación con el cambio climático, cómo ha evolucionado ese gasto a lo largo del tiempo, y en qué áreas se requiere una acción adicional.
Varios gobiernos locales han asumido el cambio climático como prioridad. Entre ellas destaca la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% de la población, el 30% del PBI nacional y el mayor complejo industrial del país, que cuenta con un Ministerio de Ambiente dedicado a cubrir los vacíos dejados por la administración nacional. Otras jurisdicciones han adoptado también enfoques locales: Misiones se centra en su riqueza en biodiversidad; Córdoba apuesta fuertemente por las energías renovables; Chubut impulsa el desarrollo del hidrógeno; La Rioja avanza con un plan de bajas emisiones de carbono; y Catamarca trabaja en una minería sustentable de minerales críticos para la transición energética, por citar algunos ejemplos.
Acción climática y la pregunta del millón
¿Qué hacer cuando el gobierno nacional no solo niega la crisis climática y anula cualquier política relacionada, sino que además restringe el acceso a financiamiento? ¿Qué hacer cuándo se niega a dar la garantía soberana que exigen los organismos multilaterales para endeudarse o incluso a dar la no objeción para acceder a grants o fondos no reembolsables?
La discusión sobre la descentralización de la gestión climática no es nueva y en algunos casos los argumentos se centran en los incentivos políticos de los gobiernos nacionales para ser percibido como el principal responsable en la atención de emergencias y para asegurarse de recibir el reconocimiento por brindar asistencia ante desastres, o bien por la presencia de comportamientos oportunistas (free riding), problemas de bienes comunes (common pool), fallas de coordinación y conductas estratégicas entre los GSN.
Las fallas de coordinación en las relaciones fiscales intergubernamentales pueden surgir debido a problemas de agencia ocasionados por asimetrías de información entre el gobierno central y los gobiernos locales respecto a los costos y beneficios del gasto público.
Sin embargo, en el caso actual de la Argentina ninguno de estos argumentos se alinean a la actual administración que sencillamente no cree que el calentamiento global sea real ni científicamente demostrado, y que todas las políticas destinadas a mejorar la infraestructura, promover el desarrollo, la igualdad o prevenir alguna catástrofes deben ser cubiertas por el mercado bajo la ley de la oferta y la demanda.
Ruta hacia una política ambiental y climática federal
Según una encuesta más del 90% de los argentinos cree que nos acercamos a un colapso ambiental y un 85% cree que es urgente tomar medidas para proteger el medio ambiente. Pero para mantener al país en la discusión global y sobre todo poder promover inversiones en el sector productivo, acceso a financiamiento o incluso cooperación técnica es urgente que las provincias hagan los deberes de manera individual y cooperen de manera colectiva.
En primer lugar resulta urgente institucionalizar y jerarquizar la política climática a partir de herramientas que están a disposición y que proporcionan un marco para la gobernanza. Esto incluye cumplir con la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global que establece las acciones y estrategias para reducir los efectos del cambio climático y que insta a las Provincias a presentar sus planes de respuesta. Muchos de ellos están en proceso de presentación pero requieren celeridad y un análisis costo-efectivo real de las necesidades de financiamiento.
Herramientas como los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero resultan además fundamentales para poder discutir y diseñar con los sectores productivos planes de desarrollo de una economía baja en emisiones, como el recientemente presentado por la Provincia de Buenos Aires Basado en estándares internacionales y que analiza las emisiones correspondientes a 4 sectores: energía; procesos industriales y uso de productos; desechos; agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos del suelo.
También la posibilidad de presentar Contribuciones Determinadas a Nivel Subnacional (a veces llamadas Contribuciones Localmente Determinadas o Subnationally Determined Contributions) son compromisos, planes o metas climáticas definidos y adoptados por gobiernos subnacionales—como provincias, estados, regiones o municipios—para contribuir a la lucha contra el cambio climático, en línea con los objetivos del Acuerdo de París.
Nadie se salva solo
Finalmente, ninguna provincia podrá sobrevivir en este contexto si no es a través de la coordinación intergubernamental en materia climática y ambiental tanto a nivel intra-nacional como internacional.
Tal y como describimos anteriormente con el Consorcio del Nordeste (y que posteriormente se multiplicaron los consorcios por zonas en Brasil), en el año 2017 tuvo mucho impacto la creación de la Alianza Climática de los Estados Unidos. Se trata de una coalición bipartidista compuesta por estados comprometidos con el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático a pesar de la decisión del gobierno de salirse del Acuerdo. La alianza ha cobrado un nuevo impulso luego de la victoria de Trump en el 2024.
En Argentina, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) ha asumido un rol cada vez más activo en el ámbito de la sostenibilidad ambiental y la acción climática, facilitando la integración de la agenda climática en las estrategias provinciales de desarrollo. Sus principales líneas de acción incluyen:
- Asistencia técnica y financiera a las provincias para la elaboración de planes de acción climática, inventarios de gases de efecto invernadero y estrategias de adaptación.
- Capacitación de funcionarios provinciales y municipales en temáticas vinculadas al cambio climático, desarrollo sostenible, energías renovables y transición justa.
- Fomento de la inversión en proyectos verdes mediante líneas de crédito y programas de apoyo a PyMEs que impulsan tecnologías limpias, eficiencia energética o prácticas agrícolas sostenibles.
- Apoyo a la participación subnacional en foros internacionales, promoviendo la visibilidad de las provincias argentinas en espacios multilaterales sobre cambio climático y cooperación ambiental.
La importancia del CFI para la acción climática de las provincias argentinas
La participación del CFI en las políticas climáticas refleja una creciente articulación entre desarrollo territorial y sostenibilidad, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo de París. Su labor resulta clave para fortalecer la gobernanza climática federal en Argentina y empoderar a los gobiernos subnacionales, dotándolos de herramientas técnicas, financieras e institucionales para enfrentar los desafíos de la crisis climática con un gobierno nacional ausente y un contexto internacional cada vez más complicado al ahora de cumplir con sus compromisos de apoyo y financiamiento.
En el ámbito internacional, son pocas las plataformas que tienen las provincias para impulsarse. La más activa, la Declaración de Ciudades por un Aire Limpio (C40 Clean Air Cities Declaration) lanzada en octubre de 2019 con la participación de ciudades de todo el mundo funciona como un espacio de colaboración y de acceso a financiamiento específicamente para ciudades. Con menos impulso se formó también La Coalición Under2 es una asociación global de gobiernos subnacionales que tiene como objetivo lograr la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
¿Y la plata dónde está?
Podemos contar con los mejores planes de respuesta, exquisitos inventarios de gases a nivel subnacional, o más o menos potentes alianzas intra o internacionales. Sin embargo, la capacidad de estos gobiernos para actuar de forma ambiciosa en materia climática se ve frecuentemente limitada por restricciones fiscales estructurales, dependencia de transferencias nacionales y escaso acceso directo a financiamiento internacional.
Por eso, se vuelve crucial desarrollar herramientas de financiamiento innovadoras que no solo permitan movilizar recursos adicionales, sino que también promuevan una mayor eficiencia, transparencia y alineación con los compromisos globales de acción climática, aun cuando los gobiernos nacionales no lo hagan. Además, que incentiven la adopción de marcos de gobernanza modernos, criterios de impacto ambiental y social, y una visión a largo plazo en las decisiones de inversión pública.
Bonos verdes
Algunas de las herramientas que se vienen desplegando a nivel internacional son por ejemplo los llamados Bonos Verdes, instrumentos de deuda emitidos para financiar exclusivamente proyectos con beneficios ambientales y/o climáticos, como energías renovables, movilidad sostenible, gestión de residuos o eficiencia energética. Permiten el acceso a mercados de capitales internacionales o nacionales con condiciones favorables pero requieren cumplir con estándares internacionales como los Green Bond Principles (ICMA) y reportes de impacto ambiental.
En 2021, el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) realizó la primera emisión de un bono verde subnacional en Argentina, marcando un hito en el mercado financiero local con enfoque en sostenibilidad. El bono tuvo como destino el financiamiento de proyectos de eficiencia energética y energías renovables dentro del territorio provincial, como la instalación de paneles solares, mejoras en sistemas de climatización, iluminación LED y otras iniciativas alineadas con la transición energética.
Utilizados hasta la fecha a nivel nacional, los Canjes de Deuda por naturaleza o clima consisten en la reestructuración de deuda pública (externa o interna), donde el acreedor acepta una condonación parcial o total de la deuda a cambio de que el deudor invierta en proyectos ambientales.
Estos además pueden incluir la creación de fondos fiduciarios ambientales subnacionales, pero requieren garantías de organismos multilaterales o banca de desarrollo. Su novedad radica en que además de ser instrumentos de alivio fiscal, se enmarcan dentro de la justicia ecológica. Países como Ecuador, Belice y Barbados ya han efectuado Canjes de Deuda por Naturaleza, con resultados medianamente exitosos.
En Argentina, la Provincia de Buenos Aires fue el primer gobierno subnacional en presentar en el año 2022 ante un Banco Multilateral la propuesta de un canje con estas características, con el objetivo de implementar una matriz de políticas de mitigación y adaptación en todo el territorio bonaerense.
Su avance se frenó ante la llegada del nuevo gobierno nacional en el año 2023, ya que necesitaba una garantía soberana que el ejecutivo no estaba dispuesto a aprobar en virtud de su negativa a contribuir con políticas de respuesta a la crisis climática. La oportunidad a nivel internacional será que las agencias de cooperación o los bancos multilaterales creen ventanillas excepcionales por fuera de las cuotas de los países para que los gobiernos subnacionales puedan acceder a garantías para este tipo de operaciones y en estas circunstancias excepcionales.
Fondos y créditos verdes
Los fondos más habituales son las Subvenciones y Donaciones Internacionales (Grants) ya que las provincias pueden acceder directamente o a través de consorcios y son no reembolsables, otorgados en su mayoría por organismos multilaterales, agencias de cooperación o fundaciones para proyectos climáticos. Son útiles para financiar estudios, fortalecimiento institucional y pilotos, pero más limitados para el escalamiento de políticas climáticas o bien las obras de infraestructura que requieren montos más elevados. Los más comunes son el Fondo Verde para el Clima (GCF), Fondo de Adaptación, GEF (Global Environment Facility), UE-LIFE, USAID, GIZ, AFD, etc.
Otra herramienta utilizada muy frecuente pero que muchas veces requiere también el apoyo de los gobiernos nacionales son los Créditos Verdes o Financiación Concesional, se trata de
préstamos con tasa subsidiada y condiciones favorables otorgados por bancos de desarrollo (CAF, BID, BICE, Banco Mundial) para inversiones catalogadas como verdes. Suelen incluir períodos de gracia, tasas reducidas y asistencia técnica. Algunos incluyen cláusulas de “desempeño ambiental” y se alinean con los ODS.
En el año 2022, El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una línea de crédito condicional por US$1.140 millones para proyectos de inversión, con el objetivo de promover la descarbonización del sector energético en Argentina.
Recientemente, los Pagos por Servicios Ecosistémicos siguen ganando terreno, siendo un mecanismo en el cual actores públicos o privados compensan económicamente a quienes conservan ecosistemas que brindan servicios ambientales (regulación del agua, captura de carbono, conservación de la biodiversidad, ecoturismo o protección del suelo). Son instrumentos voluntarios que buscan incentivar la conservación o restauración de ecosistemas naturales, reconociendo su valor ambiental y social.
Puede integrarse en políticas agroambientales provinciales y están siendo analizando principalmente por provincias con bosques nativos, humedales o áreas protegidas. Es una manera de recompensar prácticas sostenibles y de poner valor económico a funciones ambientales que normalmente no tienen precio de mercado.
Provincias como Misiones vienen liderando esfuerzo por poner en valor los servicios ecosistémicos con programas de alcance jurisdiccional para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación forestal, al mismo tiempo que promueve la conservación de los bosques autóctonos.
Mercados de Carbono
Finalmente, los más prometedores (pero con aun incertidumbre en su verdadero impacto) son los Mercados de Carbono (Voluntarios o Regulados). Mercados, países, provincias, empresas, organizaciones e individuos pueden comprar y vender créditos de carbono (certificados de reducciones de emisiones o aumentos de capturas de gases de efecto invernadero) para cumplir con sus objetivos climáticos, ya sea voluntarios o regulados, y del plano nacional, subnacional o privado. Se trata de certificados que se obtienen por medio de proyectos o actividades específicas asociadas a la mitigación y que pueden comercializarse tanto dentro como fuera del país.
Requiere proyectos con medición y verificación certificada (MRV) bajo estándares como Verra (VCS), Gold Standard, etc. Ofrece ingresos recurrentes para reinversión local en adaptación o mitigación. La provincia de Misiones esta activamente trabajando en un programa jurisdiccional para certificar la reducción de emisiones y vender los créditos de carbono resultantes con el objetivo de reducir la deforestación y degradación de los bosques nativos.
Finalmente, otro instrumento al que se recurre para grandes obras de infraestructura son las Asociaciones Público-Privadas Sostenibles (APPs Verdes) que permiten la cofinanciación de infraestructura verde (energía limpia, transporte eléctrico, gestión de residuos) mediante acuerdos entre gobiernos y el sector privado. En un contexto de corrimiento del gobierno nacional en materia de financiamiento de infraestructura, este tipo de asociaciones se vuelven clave para movilizar inversión privada alineada con metas climáticas provinciales.
En la provincia de Salta, la empresa Genneia confirmó recientemente un acuerdo con el gobierno provincial para financiar con US$400 millones una obra de interconexión eléctrica en alta tensión, que apunta a satisfacer las necesidades de electricidad en la provincia.
En síntesis, el financiamiento climático innovador es una condición habilitante y más necesaria que nunca para que los gobiernos subnacionales puedan escalar su ambición climática, fortalecer su autonomía fiscal y construir territorios más resilientes, inclusivos y sostenibles
Conclusión: provincias organizadas para la acción climática
La emergencia climática exige una transformación urgente de las estructuras de gobernanza, planificación e inversión. En un contexto de negacionismo climático a nivel nacional, las provincias argentinas tienen una oportunidad histórica y una responsabilidad ineludible: construir un federalismo climático activo, articulado y resiliente.
Para lograrlo, no solo deben reforzar sus capacidades técnicas e institucionales, sino también avanzar con determinación en el acceso directo a financiamiento, la cooperación regional e internacional, y el diseño de mecanismos propios que les permitan sostener e incluso escalar su ambición ambiental. En la trinchera del cambio climático, las provincias no solo resisten: lideran.
