La transición energética en América Latina se ha consolidado como un eje central de la agenda climática global, posicionando a países como Colombia en un rol estratégico debido a su riqueza en minerales estratégicos y su alto potencial para el desarrollo de energías renovables. Sin embargo, este proceso no es únicamente tecnológico: implica transformaciones profundas en las estructuras económicas y sociales que históricamente han definido el desarrollo del país. Por Giovanni Pabón, Karem Johanna Castro, Paola Saavedra, Fabián Ramírez, Carolina Barrios y Daniela González.
En Colombia, la transición enfrenta un reto fundamental: avanzar hacia la descarbonización sin reproducir los patrones de desigualdad asociados al modelo extractivista. La evidencia muestra que, tanto en minería como en hidrocarburos, los territorios productores han recibido beneficios limitados, mientras el valor agregado se concentra fuera de ellos. Este riesgo no desaparece con las energías renovables; por el contrario, puede intensificarse si no se replantean las cadenas de valor asociadas a esta actividad económica.
En este contexto, se propone que el verdadero desafío de la transición energética justa no radica únicamente en cambiar la matriz energética, sino en reconfigurar los actores en la cadena de valor de la energía, iniciando por la extracción de minerales, y así tener mayor posibilidad de redistribuir su valor. A partir de la experiencia de Transforma en proyectos relacionados con minerales estratégicos en Chocó y Antioquia, y del desarrollo de proyectos solares, se argumenta que la justicia energética depende de la capacidad de articular extracción, industria y empleo local en un mismo sistema productivo.
Más allá del extractivismo: el problema no es qué se extrae, sino cómo se genera valor
El aumento de la demanda global de minerales estratégicos, impulsado por la transición hacia tecnologías limpias, ha reposicionado a Latinoamérica y a Colombia en la economía global. Sin embargo, este protagonismo reproduce una paradoja conocida: territorios ricos en recursos naturales que siguen enfrentando bajos niveles de desarrollo.
En regiones como Chocó y Antioquia, esta realidad es evidente. La minería constituye una fuente de sustento para comunidades locales (especialmente mujeres), pero se desarrolla en condiciones de informalidad, con bajo acceso a mercados, financiamiento y tecnologías. Esto no solo limita los ingresos, sino que impide que las comunidades participen en eslabones de mayor valor dentro de la cadena productiva.
Aquí emerge un punto clave para la transición energética, el problema no es únicamente la dependencia extractiva, sino la ausencia de mecanismos que permitan capturar y redistribuir el valor generado. Sin esta transformación, la creciente demanda de minerales para la transición energética podría profundizar desigualdades existentes, en lugar de resolverlas.
Frente a este escenario, el fortalecimiento de esquemas asociativos como el cooperativismo se presenta como una estrategia fundamental. Estas formas organizativas no solo mejoran las condiciones laborales, sino que permiten a las comunidades negociar en mejores condiciones, gestionar colectivamente el territorio y proyectar su desarrollo económico. Asimismo, herramientas como la cartografía social han demostrado ser útiles para visibilizar conflictos, identificar oportunidades y posicionar a las comunidades como actores centrales en la toma de decisiones.
No obstante, estas iniciativas enfrentan límites estructurales. Sin acceso a financiamiento, asistencia técnica y marcos institucionales robustos, con presencia efectiva en los territorios, las comunidades continúan relegadas frente a actores de mayor escala, incluídos los actores armados al margen de la ley. En este sentido, la transición energética justa exige políticas que no solo promuevan la extracción responsable, sino que impulsen procesos de transformación productiva en los territorios con un acompañamiento del estado.
Energías renovables: ¿alternativa o continuidad del modelo extractivo?
El sector de hidrocarburos en Colombia se ha sostenido históricamente sobre una estructura extractivista (Corral, et. al, 2022), la cual se ha visto reforzada por la profunda dependencia que las economías territoriales han desarrollado en torno a este sector.
La transición energética suele plantearse como una ruptura con el modelo extractivista; sin embargo, en el caso colombiano, existe el riesgo de que reproduzca sus mismas lógicas de concentración del valor en muy pocas manos. Esta preocupación cobra mayor relevancia en un contexto donde amplios territorios han construido su base económica alrededor de los hidrocarburos.
En efecto, la dependencia es profunda: en los departamentos con mayor actividad extractiva en el sector hidrocarburos, se estima que podrían perderse cerca de 152.000 empleos directos e indirectos hacia 2035 como resultado de la contracción progresiva del sector (Transforma, 2026). A esto se suma que entre el 20% y el 40% de los ingresos públicos departamentales provienen del Sistema General de Regalías, cuya financiación depende en gran medida de la explotación de hidrocarburos (Watson, 2023). En algunos municipios, esta dependencia es aún más crítica, pues buena parte de su base tributaria está vinculada directa o indirectamente a esta industria.
Lejos de resolver esta situación, los proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) tienden a replicar patrones similares. Aunque cuentan con un potencial de generación de empleo y valor agregado, la mayoría de estos beneficios no se materializan en los territorios donde se desarrollan. En la práctica, se aprovechan principalmente las condiciones geográficas para la generación de energía, mientras que los empleos generados a nivel local son limitados y, en su mayoría, de carácter temporal, pues tienden a desaparecer una vez finaliza la fase de construcción (Transforma, 2026).
Esto responde a una estructura global de las cadenas de valor en la que las etapas de mayor valor agregado, como la manufactura de componentes, se realizan fuera del país, principalmente en Asia. De acuerdo con la evidencia internacional, estas fases concentran la mayor parte del empleo y del valor agregado dentro de la industria de energías renovables (IRENA & ILO, 2024). En consecuencia, Colombia participa en el eslabón menos intensivo en conocimiento y generación de empleo, limitando el potencial transformador de las energías renovables.
Así, más que una sustitución del modelo extractivo, lo que se observa es su reconfiguración: los recursos naturales siguen siendo aprovechados localmente, pero el valor económico continúa concentrándose en otros territorios. Sin una intervención deliberada, la transición energética justa corre el riesgo de perpetuar, e incluso profundizar, las desigualdades que históricamente han caracterizado al sector minero-energético.
Integrar minería, industria y energía: la clave de una transición energética justa
Superar la fragmentación entre extracción y generación de valor exige un cambio de enfoque en la transición energética. Más que tratar la minería y las energías renovables como sectores independientes, el reto consiste en articularlos dentro de una misma estrategia de desarrollo productivo que permita capturar valor en el país y, especialmente, en los territorios.
En este sentido, resulta fundamental conectar la explotación de minerales estratégicos con procesos de manufactura nacional. De lo contrario, la exportación de estos recursos en bruto perpetuaría las dinámicas de dependencia territorial y limitaría el potencial transformador de la transición energética. Experiencias recientes de esta articulación es el desarrollo de una planta de producción y ensamblaje de paneles solares en el departamento de Córdoba, que abre la posibilidad de avanzar hacia esquemas de integración productiva en el país (Gobernación de Córdoba, 2025).
Este tipo de iniciativas permite construir encadenamientos productivos reales, donde parte de los minerales extraídos en regiones como Chocó y Antioquia se transforman en insumos para la infraestructura energética nacional. Así, la transición energética deja de ser un proceso centrado en la instalación de proyectos y comienza a incorporar fases de mayor valor agregado, con capacidad de generar empleo más estable y de largo plazo, en contraste con la temporalidad predominante en la fase de construcción (Transforma, 2026).
No obstante, esta reindustrialización no ocurre de manera espontánea. Requiere de un entorno institucional y de política pública que incentive la participación de la industria nacional e internacional en las cadenas de valor. En este contexto, la implementación de Requisitos de Contenido Local (RCL) en las subastas energéticas se posiciona como un instrumento clave, al permitir proteger la producción nacional, fomentar el desarrollo de capacidades industriales y asegurar que una mayor proporción del valor generado permanezca en el país (Hansen et al., 2019).
De esta manera, la articulación entre minería, industria y energía redefine el alcance de la transición energética. Más allá de un cambio en la matriz energética, se configura como una oportunidad de reindustrialización sostenible, en la que la justicia no se limita a la distribución de beneficios, sino que se construye desde la generación misma del valor en los territorios.
Hacia una transición energética justa
La transición energética en Colombia representa una oportunidad histórica para redefinir su modelo de desarrollo, pero también un riesgo si se limita a sustituir fuentes sin transformar las estructuras que históricamente han concentrado el valor. Aunque el país posee minerales estratégicos y un alto potencial solar y eólico, la generación de valor y empleo se concentra en la fase de instalación de los proyectos, lo que evidencia la persistencia de dinámicas extractivas incluso en el contexto de las energías renovables.
El análisis muestra que tanto la minería de minerales estratégicos como los proyectos de energías renovables enfrentan un desafío común: la limitada generación de valor en los territorios. Sin intervenciones estructurales, existe el riesgo de que la transición reproduzca las mismas desigualdades que busca superar.
Superar esta limitación implica avanzar hacia una estrategia que articule la explotación de recursos con procesos industriales y capacidades locales. No obstante, esta reindustrialización requiere de un marco de barreras no arancelarias y requisitos de contenido local que protejan la producción nacional frente a la competencia externa y permitan consolidar encadenamientos productivos sostenibles en el tiempo.
En este sentido, una transición justa no es solo un cambio tecnológico, sino una transformación estructural que fortalezca esquemas asociativos y garantice que el valor agregado se quede en las regiones, asegurando un desarrollo económico autónomo y equitativo para Colombia y América Latina.
